Los barómetros del CIS muestran una preocupación creciente de los españoles por la corrupción, al tiempo que crece el descrédito de los políticos. El hartazgo y la indignación de los ciudadanos, que se levantan casi todos los días con un nuevo escándalo, se han hecho tan insostenibles que Rajoy pasó en cuestión de horas de decir que eran solo unas «pocas cosas» a tener que pedir perdón tras la macrorredada de la operación Púnica.
Después de negarse en un primer momento a comparecer en el pleno del Congreso, el presidente ha decidido hacerlo el próximo jueves para defender personalmente las medidas anticorrupción que plantea su Gobierno, muchas de las cuales anunció hace ya año y medio. Los socialistas rompieron las negociaciones con el PP tras estallar la operación Púnica y van a presentar su propio paquete anticorrupción.
La adopción de medidas es un imperativo debido a la situación de gran alarma social que existe ahora mismo, pero lo que es seguro es que en doce meses casos como los ERE, Gürtel, Bárcenas, la caja B del PP o el que afecta a Pujol y su familia avanzarán judicialmente y seguirán presentes en la vida política y es bastante probable que aparezcan otros nuevos. Sin duda, tendrán un coste electoral, como señalan las encuestas y corroboran los expertos, pero en todo caso mucho mayor que en anteriores citas electorales, en las que sorprendentemente la corrupción pasó menos factura de la esperada.