La Guardia Civil ha desmantelado una trama que, en connivencia con funcionarios y cargos públicos, se había infiltrado en distintas administraciones para obtener contratos públicos de forma fraudulenta, en una operación que afecta a doce provincias
12 nov 2014 . Actualizado a las 07:55 h.La Guardia Civil ha desmantelado una trama que, en connivencia con funcionarios y cargos públicos, se había infiltrado en distintas administraciones para obtener contratos públicos de forma fraudulenta, en una operación que afecta a doce provincias y en la que ya han sido detenidas 30 personas. De ellas, 22 han sido detenidas en Andalucía: 10 en Sevilla, 4 en Córdoba, 3 en Jaén, 3 en Huelva, una en Granada y otra en Cádiz. Además, los agentes han arrestado a dos personas en Zaragoza y otras tantas en Madrid y la misma cifra en Canarias. En esta región, fuentes de la investigación han indicado a Efe que han sido detenidos el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, y un representante de la empresa Fitonovo en Gran Canaria, que ya han quedado en libertad con cargos. Por último, los agentes han practicado otros dos arrestos en Badajoz y Valencia.
Continuación de la operación Madeja
Bautizada como Enredadera, la operación que desde primera hora desarrollan agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es continuación de las dos fases anteriores de la operación Madeja, que destapó las relaciones entre empresas que optaron al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla S.A, así como la implicación de la empresa Fitonovo, contratista habitual de administraciones.
Como en las anteriores, la operación Enredadera, que continúa abierta, y en la que pueden producirse más detenciones, en torno al mismo número de imputados y decenas de registros -ya se han efectuado diez- también está dirigida por la titular del juzgado de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya.
La operación se extiende a doce provincias: Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Las Palmas (en concreto, Lanzarote y Gran Canaria).
Al menos 26 detenidos
Hasta el momento, los agentes han detenido a 26 personas, entre ellas al responsable de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos P.C, al teniente de alcalde de La Carolina (Jaén) -gobernado por el PP-, el jefe de servicio de la Diputación de Jaén y un técnico del Ministerio de Fomento en esta provincia
En Huelva, fuentes de la investigación han informado a Efe del arresto de otros tres funcionarios de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Fuera de Andalucía, se han practicado ya dos detenciones en Zaragoza por su presunta implicación en la adjudicación de contratos de Adif irregulares, mientras que en Canarias la Guardia Civil ha arrestado al portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, y a un representante de la empresa Fitonovo en Gran Canaria.
La Dirección General de la Guardia Civil ha informado del desarrollo de la operación Enredadera en la que los detenidos e imputados están acusados de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
Según explica la Guardia Civil, la operación Enredadera es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla S.A.
De esta operación los agentes concluyeron un «no justificado» incremento patrimonial del que fuera hasta 2007 director del área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Un informe que condujo a los investigadores a la sociedad Fitonovo- contratista habitual de numerosas administraciones- y que pagaba al cargo público sevillano diferentes dádivas -desde dinero hasta coches- a cambio de que esta empresa fuera beneficiada.
De este modo, la segunda fase de la operación Madeja motivó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas diligencias, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa citada.
Obtención de contratos públicos irregulares
Con el análisis de la documentación incautada entonces los investigadores determinaron que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, de forma que había habilitado la estructura de la propia empresa para formar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación.
A su vez, también los imputados habían creado una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.
Las indagaciones que lleva a cabo al respecto la Guardia Civil están bajo secreto de sumario, decretado por la juez Mercedes Alaya en julio de 2013 y prorrogado en quince ocasiones, la última el pasado 10 de octubre.