El fiscal exigirá medio millón al matrimonio Urdangarin con carácter solidario
07 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Sus trayectorias judiciales son abultadas. Desde hace años llevan juzgando y condenando corruptos en Baleares, pero sus nombres pasarán a la historia por ser los tres jueces que ahorraron el banquillo a la infanta Cristina o los tres magistrados que se atrevieron a mandar a juicio a la mismísima hermana del rey, una decisión que se dará a conocer hoy.
El presidente, Diego Gómez-Reino, y Juan Jiménez y Mónica de la Serna componen la sección segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. Como tribunal son «una máquina perfectamente engrasada», a decir de los funcionarios que trabajan para ellos. Es un tribunal bastante plural, «muy imprevisible» y veloz a la hora de resolver los recursos y dictar sentencias.
Gómez Reino es el presidente y le gusta hacer ver que lidera el tribunal. Este gallego de A Coruña, casado con una mallorquina y de 52 años, es nadador y de familia de juristas y deportistas olímpicos. Pertenece a la progresista Jueces para la Democracia. Locuaz en los juicios, es expeditivo en la sala de vistas, donde tiene fama de ser un buen jurista.
Mónica de la Serna es de Zaragoza pero lleva más de una década en la Audiencia de Palma. Su vitola formal es de conservadora por pertenecer a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), pero es muy progresista en cuestiones sociales.
Juan Jiménez Vidal es, quizás, el más famoso del tribunal porque fue el único que votó a favor de que la infanta hiciera el paseíllo en su primera cita. Mallorquín pero de ascendencia andaluza, como Castro, es casi un recién llegado a la Audiencia Provincial. Su perfil es progresista.
Gastos personales
La infanta Cristina seguirá ligada al caso Nóos aunque la Audiencia Provincial de Palma no la siente en el banquillo. Según revelaron responsables de Anticorrupción, el fiscal Pedro Horrach, en su escrito de acusación contra los procesados, pedirá que el tribunal considere a la hermana de Felipe VI «responsable civil a título lucrativo» de las actividades ilegales de su marido y que «responda conjunta y solidariamente» con Iñaki Urdangarin con más de medio millón de euros.
Se trata del dinero que, según los cálculos del Ministerio Público, el matrimonio distrajo para gastos personales, sobre todo la reforma del famoso palacete de Pedralbes, desde Aizoon, la sociedad familiar usada con un doble fin: desviar dinero público desde el Instituto Nóos y Urdangarin tributara fraudulentamente a un tipo impositivo más bajo sus trabajos de asesoría a grandes empresas y multinacionales. Además, Horrach reclamará que la duquesa de Palma, si finalmente no se sienta en el banquillo, declare como testigo para explicar esos gastos y su papel en Aizoon.