Alaya trata de indagar si la actual presidenta de la Junta de Andalucía conocía las irregularidades en la concesión de ayudas en su etapa como consejera
25 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La jueza del caso de los ERE en Andalucía vuelve colocar a los últimos Gobiernos socialistas en el punto de mira. Tras remitir al Tribunal Supremo los elementos que considera que permitirían la imputación de los expresidentes y aforados Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sus últimas pesquisas tratan de indagar si la actual presidenta, Susana Díaz, conoció las supuestas irregularidades en la concesión de ayudas durante su etapa al frente de la consejería de Presidencia en el 2012. En un auto conocido ayer, Mercedes Alaya solicita a la Junta que en el plazo de diez días le remita las actas de las reuniones preparatorias de los consejos de Gobierno, los denominados consejillos, que se celebraron entre el 2001 y octubre del 2012, fecha en la que, con el escándalo ya en los juzgados, el Ejecutivo de Griñán cambió el sistema de concesión de ayudas sociolaborales siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Cuentas.
Alaya ya ha subrayado en varias ocasiones que las irregularidades se prolongaron hasta esa fecha, al entender que los cambios introducidos en el 2010 o el 2011 mantenían el fraude de una u otra manera. Pero el período escogido por la jueza para ampliar las pesquisas tiene una importante carga política, ya que, desde mayo del 2012, Susana Díaz era consejera de Presidencia y, por tanto, era la encargada de preparar y coordinar los consejillos, unas reuniones muy técnicas en las que participaron los viceconsejeros de todas las áreas.
Hasta el momento, Alaya ha estimado que todos los consejeros de Presidencia entre el 2001 y el 2011 estuvieron al tanto de las irregularidades. En la exposición razonada que remitió al Supremo para plantear la posible imputación de los cargos aforados añadió por sorpresa a Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Una tesis en la que ahora abunda al justificar su petición de las actas, solicitada por una exasesora de la Consejería de Empleo ya imputada en el caso y anteriormente por el PP, personado como acusación popular.
En el auto, la jueza explica que su objetivo es conocer si en las actas de los consejillos «se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado» en la concesión de subvenciones sociolaborales mediante un fondo dotado con 721 millones de euros. También si esos altos cargos conocieron «la ilegalidad del procedimiento de concesión y pago».