Solo Artur Mas puede convocar las elecciones; es una facultad «exclusiva e indelegable» del presidente de la Generalitat. Así respondió ayer el portavoz del Gobierno catalán, Francisco Homs, al órdago que el día anterior lanzaron las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, que condicionaron su apoyo logístico a la consulta alternativa del 9-N a que Mas convoque elecciones plebiscitarias en el plazo de tres meses. De esta forma, el Gobierno catalán pretendía dejarles claro que quien marca los tiempos es el presidente y no estas asociaciones independentistas, aunque estas sean capaces de sacar a la calle a decenas de miles de personas.
Este ultimátum ha causado un gran malestar en la Generalitat porque parece dar la razón a lo que Rajoy dijo hace unos días, que no se sabe muy bien quién manda en la comunidad catalana, si Mas, Oriol Junqueras o la poderosa ANC.
La anulación del referendo independentista y su sustitución por un sucedáneo ha creado una fractura en el frente soberanista. Homs anunció que se estaba recomponiendo tras el «acuerdo técnico» alcanzado con la CUP para dar garantías a los partidos y a la sociedad civil que Mas no se echará atrás en la consulta alternativa como ya hizo con la oficial. Señaló que confiaba que el pacto fuera «ratificado en las próximas horas» por ERC e ICV, porque se trata «del mínimo común denominador que se puede lograr».
Pero muy poco después, la CUP negaba que hubiera llegado a un «acuerdo bilateral» con CiU, sino que el Gobierno catalán había aceptado ocho de las medidas que había planteado en el marco de una «propuesta coordinada y comunicada también con ERC y abierta a ICV».
El anuncio de Homs, que tenía como objetivo presionar a Esquerra para que vuelva a sentarse a la mesa y ayude activamente en la preparación de la consulta alternativa del 9-N, obligó a la formación independentista y a ICV a mover ficha. Sus direcciones se reunieron para mejorar y «dignificar» el proceso participativo del 9-N y reclamaron que haya elecciones «inmediatas», porque el Gobierno del PP no deja «votar a los catalanes».
Homs explicó que ya se han apuntado 23.870 voluntarios para el 9-N, lo que supera el objetivo inicial de 20.000.