«La experiencia de estos treinta y tantos años de autonomías demuestra que ha habido una uniformización excesiva», afirma. «Los gobernantes autonómicos deberían ser más generosos a la hora de reconocer las diferencias y no pedir una emulación ciega como si fuera imprescindible ser exactamente iguales en instituciones y competencias», concluye. Aboga por una reforma del título VIII de la Constitución, que dé a Cataluña «un encaje distinto al que ha tenido desde 1978».
-¿En qué se traduciría reconocer la singularidad catalana?
-A ellos mismos les resulta difícil especificarlo. Podría mejorarse la singularidad institucional en aspectos de organización de la justicia, descentralizarla más, y la estructura territorial. Lo que más les interesa es que las decisiones más relevantes del Estado que afecten a Cataluña se consensúen, el famoso pactismo catalán. Pero eso no puede suponer que el Estado pierda soberanía y que cada ley la tenga que consultar, pero se puede avanzar en ese terreno.
-La reivindicación independentista surge en el momento en el que Cataluña tiene más autogobierno. ¿Qué se ha hecho mal?
-Más que nunca en su historia. La reivindicación de los nacionalismos no tiene límite ni freno, nunca están satisfechos, es reclamar continuamente y sentirse reprimidos por el Estado. Partiendo de eso casi todo lo demás se explica. Luego llegó la crisis del 2010, donde hubo un cúmulo de ingenuidades y de manipulación política. Ingenuidad de Zapatero y de los redactores del Estatuto, que hicieron un texto que creían podía hacer el papel de la propia Constitución, ponerse por encima e interpretarla. No consensuar el texto fue un enorme error. El Constitucional, al que se convirtió en chivo expiatorio, no tenía más remedio que decir lo que dijo. Luego vino la manipulación política, diciendo que era intolerable desconocer la voz el pueblo y de los Parlamentos catalán y español.
-Es partidario de tomar soluciones de los modelos federales existentes.
-Sí. El reparto de competencias en España está mal ordenado, yo bromeo con la exclusividad, porque aquí lo que es exclusivo del Estado también lo es de las autonomías, las leyes no se cumplen y el Estado no tiene competencia para vigilar cómo se llevan a la práctica. Esto en los sistemas federales está resuelto y se podría incorporar a la Constitución.