Cataluña habría quebrado sin los 30.500 millones que le ha inyectado el Estado

Cataluña es, a ojos de las agencias de calificación -esa suerte de oráculos del capitalismo que, con solo bajar el pulgar, pueden poner a un país al pie de los mercados-, una economía que pende de un hilo. Más concretamente, del cordón umbilical que desde el Estado la nutre de recursos para mantenerse a flote. Fitch, la única gran agencia europea de rating, ha sido la última en constatar esa dependencia, en un informe publicado el mes pasado en el que coloca la nota de la comunidad en revisión negativa y amenaza con endosarle a su deuda el sambenito de bono basura si sigue tensando la cuerda en su pulso con el Gobierno.

Y es que, solo en los últimos tres años, Cataluña ha necesitado una inyección de más de 30.500 millones para evitar el crac de su economía. Una red que ha proporcionado el Estado a través del fondo de liquidez autonómico y del mecanismo de pago a proveedores. A través del primero ha obtenido desde el 2012 más de 23.970 millones -un 42 % del total de los recursos puestos a disposición de las autonomías-, mientras que por la segunda vía le han llegado otros 6.500 millones adicionales.

Recursos que han salvado la asistencia sanitaria en la comunidad (con 1.830 millones para mantener los conciertos en tres años) y han servido para garantizar los pagos a las farmacias de la comunidad, que han recibido a través del fondo de rescate 1.700 millones. Pero ni eso es suficiente. El Gobierno de Artur Mas acaba de comunicar a las boticas que la caja vuelve a estar vacía y que no puede mantener el pago mensual al que se había comprometido, con lo que las obligaciones pendientes de pago con las farmacias han aumentado de nuevo y rozan ya los 221 millones.

Una economía intervenida que tiene en la deuda su principal talón de Aquiles. Esta ascendía en junio a 61.836 millones de euros (sin contar los 2.800 que adeudan las empresas públicas), el doble que en el segundo trimestre del 2010, con lo que la comunidad ya debe un 31 % de lo que produce su economía en un año y tiene en el Estado, que por los préstamos realizados en los últimos años es titular de la mitad de las obligaciones, a su principal acreedor. Y es que, como advierte Fitch, «es poco probable que los inversores internacionales compren bonos emitidos por el Gobierno autonómico dada la incertidumbre política actual», a lo que el analista responsable del informe, Guilhem Costes, sembraba recientemente todavía más dudas: «Con sus ingresos, la Generalitat no podría hacer frente ni a su gasto corriente. ¿Cómo va a pagar la deuda?», se preguntaba.

Miedo a invertir

Pero el pulso político que se vive en Cataluña no tiene solo consecuencias en el mercado de la deuda, sino que está consiguiendo espantar la inversión extranjera productiva, imprescindible para afianzar una recuperación tambaleante, que en el primer semestre de este año ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica, en 1993. Así, entre enero y junio, la comunidad recibió 523 millones del exterior, un 59 % menos que en el mismo período del año anterior y apenas una sexta parte del capital inyectado por los inversores foráneos en la Comunidad de Madrid.

Si los inversores extranjeros optan por poner en stand by sus proyectos, las empresas catalanas ven peligrar su principal mercado, el español, al que venden cada año bienes y servicios por valor de 44.091 millones de euros, frente a los 25.470 millones que importan desde el resto de comunidades. Un superávit comercial que se esfumaría en caso de secesión, no solo por la más que segura fuga de empresas, sino por las barreras arancelarias que se levantarían.

La solución, más recortes

Sin margen para aumentar los ingresos tributarios -los catalanes soportan el tipo marginal de IRPF más elevado de toda España, en el 56 %, una tasa considerada «confiscatoria» por los técnicos de Hacienda- y con experimentos como el de los bonos patrióticos vetados desde la intervención de facto del Estado en las cuentas autonómicas, el Gobierno de Artur Mas se ha aplicado con esmero en los últimos años al arte de los recortes. Solo este año, la comunidad ha asestado un tijeretazo del 5,7 % al presupuesto para sanidad, de un 10,1 % a los fondos para educación y del 12 % en los de bienestar. Todo para hacer frente a los costes de la deuda, que se disparan un 114 %. Y, aún así, las cuentas siguen sin cuadrar.

El Gobierno de Mas ya debe 221 millones a las farmacias al no poder mantener el pago mensual

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