Cristina de Borbón pide que decidan su futuro los mismos jueces que ya la exculparon

M. S. P. MADRID / COLPISA

ESPAÑA

La hermana del rey, apoyada por la Fiscalía, reclama que se desoiga la recusación de Manos Limpias contra dos magistrados

02 oct 2014 . Actualizado a las 08:23 h.

Se moviliza la defensa de la infanta Cristina. Y con ella, casi al unísono, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ambas, sobre el papel, acusadoras en este proceso. La todavía imputada, apoyada por el Ministerio Público y los servicios jurídicos de Justicia, reclama a la Audiencia Provincial de Palma que desoiga la recusación por parte de Manos Limpias de dos de los jueces que ya la exculparon en mayo del 2013. Y pide que sea esa misma sala, designada a dedo y sin reparto, la que decida si la hermana del rey se sienta en el banquillo acusada de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Cristina de Borbón, Anticorrupción y el Gobierno -a los que en principio les debía ser indiferente qué jueces deciden el futuro de la infanta- utilizan, sin embargo, toda la artillería jurídica a su alcance para evitar a toda costa que pueda prosperar la recusación promovida por el sindicato personado como acusación popular. Hasta ahora, y al margen de la duquesa, solo un imputado secundario de la veintena de procesados en esta causa ha movilizado a sus abogados para evitar que el caso pueda cambiar a manos de otros jueces.

En su escrito, Manos Limpias argumentaba que el presidente de la Sección Segunda, Diego Gómez-Reino -ponente de la resolución sobre el archivo o mantenimiento de la imputación de la hermana del rey-, y la magistrada Mónica de la Serna no son imparciales en este caso y reclamaba que ambos fueran apartados de la causa y sustituidos por otros dos jueces elegidos al azar por turno. Recordaba el sindicato que los magistrados recusados votaron a favor de exculpar a la infanta y suspendieron la primera citación judicial de la imputada, que debía declarar por las supuestas irregularidades en el seno del Instituto Nóos del que fue vocal.

Estos argumentos, para la infanta, la Fiscalía y la Abogacía, no son más que un ardid extraprocesal. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach llega a asegurar que recusar a los dos magistrados supuestamente ya contaminados es un «fraude» para conseguir «finalidades espurias» fuera de la «buena fe». Horrach, incluso, recrimina al sindicato sus «insinuaciones de prevaricación».