Algunos consejeros eran partidarios de continuar con el desafío y mantener vigente la campaña
01 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.«Ayer no se acabó nada. La determinación de la Generalitat es seguir adelante». El Gobierno catalán acató ayer formalmente la suspensión de la convocatoria del referendo ordenada por el Tribunal Constitucional, pero su portavoz, Francesc Homs, dejaba claro con esta frase que está dispuesto a seguir dando la batalla para celebrar la consulta. La campaña institucional de apoyo al referendo que se inició el pasado domingo fue suspendida oficialmente, aunque solo de forma «cautelar» y «temporal», según el Ejecutivo catalán, y con el objetivo de «proteger» y «garantizar la seguridad jurídica» de los funcionarios autonómicos y no ponerlos «contra las cuerdas». Y es que, en caso de no haber suspendido la campaña, todos los funcionarios que participaran en ella podrían ser perseguidos por la justicia. Sin embargo, la intención de la Generalitat es continuar ahora con la batalla judicial para conseguir que el Constitucional levante la suspensión «en pocos días». «El Gobierno de Cataluña no pliega velas», aseguró Homs.
Para dar la mayor solemnidad a su respuesta al recurso planteado por el Ejecutivo, la Generalitat aprobó «promover las iniciativas legales, políticas e institucionales orientadas a garantizar el proceso para que la ciudadanía de Cataluña pueda ejercer el derecho a decidir el futuro político de Cataluña, atendiendo a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad». Y ayer mismo solicitó al Constitucional que levante la suspensión y tome una decisión sobre el fondo de la cuestión antes del 9 de noviembre para que la consulta pueda celebrarse.
Críticas de ERC y la CUP
El acatamiento de la paralización de la consulta y la suspensión de la campaña institucional abrieron sin embargo las primeras grietas en el Gobierno catalán y también entre los partidos que apoyan el referendo. Aunque algunos consejeros de la Generalitat eran partidarios de continuar con el desafío y mantener vigente la campaña, al final se impuso el criterio de que se suspendiera de inmediato, defendido por la vicepresidenta y responsable de Gobernación, Joana Ortega, y por el consejero de Interior, Ramón Espadaler, ambos de Unió Democràtica, que tienen a su cargo, respectivamente, a los funcionarios y Mossos d?Esquadra, principales implicados en caso de que se mantuviera el desacato. Quien no afloja la presión sobre el Gobierno catalán es ERC, que volvió a apostar ayer por la desobediencia. «Nos sabe muy mal que el Tribunal Constitucional adopte esta resolución, pero entre obedecer a un tribunal politizado u obedecer a la mayoría de la población en Cataluña que quiere ir a las urnas, nuestra obligación, nuestro deber y lo más correcto es obedecer a los ciudadanos de Cataluña», señaló su portavoz en el Congreso, Alfred Bosch.
Y todavía más desafiante fue la respuesta de la CUP, el otro partido que, junto con ICV, apoya la convocatoria del referendo llevaba a cabo por la Generalitat. El diputado de la CUP en el Parlamento catalán Quim Arrufat criticó al Ejecutivo catalán por suspender la campaña y afirmó que «esa no debe ser la actitud que guíe este proceso». Cuestionó además que esa decisión se tomara sin consultar con los grupos que pactaron la fecha del referendo. Y advirtió de que, de seguir así las cosas, entenderán que «cada uno actúa por su lado».