Rajoy advierte a Mas de que aún puede rectificar y le ofrece diálogo dentro de la ley

El recorrido jurídico del referendo para la independencia de Cataluña sigue por ahora punto por punto la hoja de ruta anunciada desde un principio por el Gobierno. Tanto la ley de consultas aprobada por el Parlamento catalán como el decreto de convocatoria del referendo, que se cimenta en ese texto legal, quedaron ayer suspendidos una vez que el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite por unanimidad los recursos presentados por el Gobierno. A partir de ahora, y mientras no se levante esa suspensión, la Generalitat no podrá dar pasos en favor de la consulta sin vulnerar la ley.

El referendo catalán y la ley de consultas se convirtieron así en las disposiciones autonómicas más rápidamente impugnadas de la historia. Apenas tuvieron 48 horas de vida, aunque las partes pueden presentar todavía alegaciones. El Constitucional tendrá que decidir en un plazo máximo de cinco meses si revoca la suspensión o la mantiene, en un auto que deberá estar razonado.

«Atentan contra la Constitución»

El Consejo de Ministros se reunió de forma extraordinaria a las diez de la mañana de ayer para decidir la presentación del recurso, que fue formalizado de inmediato. Y media hora antes de que la abogado del Estado Marta Silva lo presentara, a las 13 horas, en el registro del Tribunal Constitucional, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció en la Moncloa y argumentó la impugnación de la ley de consultas y la convocatoria del referendo señalando que ambas disposiciones «atentan gravemente contra la Constitución y contra los derechos de todos los españoles».

«Una parte no puede decidir»

Afirmó que «una parte no puede tomar decisiones sobre todos». Y, en referencia al derecho a decidir, principal argumento esgrimido desde la Generalitat para justificar la consulta, tachó de «falso» que el derecho «a votar y decidir pueda atribuírselo unilateralmente una comunidad negándoselo al resto de la nación». Por ello, consideró que la consulta «es profundamente antidemocrática» porque «el derecho que pretende dar a algunos se lo está sustrayendo a todos los demás».

Rajoy abrió a Artur Mas una puerta para la rectificación y no descartó siquiera una reforma constitucional. «Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero», dijo, aunque «dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad». «Estoy abierto a todas las iniciativas, pero siempre dentro de la legalidad», insistió el presidente, hasta llegar a afirmar incluso que aunque «lo prioritario ahora es defender la Constitución, a partir de ahí se puede reformar». Respecto a los recursos presentados, explicó que el Gobierno «está obligado» a impugnar esas normas en defensa de la Constitución y «las libertades y los derechos de todos y cada uno de los españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña».

«Lo sabía desde el principio»

Justificó la posición del Gobierno desde que se inició este proceso afirmando que ha mantenido «permanentemente abierto» un diálogo con el Ejecutivo catalán. «Y yo particularmente lo he mantenido con su presidente», añadió, aunque la Generalitat «lleva tiempo desarrollando una política de hechos consumados» y pretende «que el Gobierno se vea forzado a encontrar una solución a decisiones unilaterales imposibles de compartir».

La invitación al diálogo no excluyó, sin embargo, una seria advertencia a Mas sobre sus responsabilidades. «Quien ha puesto en marcha todo este proceso es responsable de las consecuencias del mismo», dijo. «Lamento profundamente que, a pesar de todas estas consideraciones, el presidente de la Generalitat haya convocado esta consulta de autodeterminación. Lo lamento. Porque va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España y perjudica gravemente a su bienestar», señaló. E incluyó entras las consecuencias de ese desafío «la frustración a la que está condenando a una parte de los ciudadanos de Cataluña al animarles a participar en una iniciativa que no puede, por su ilegalidad, ver la luz». «Lo peor -añadió- es que lo sabía desde el principio».

«La ley se va a respetar»

Por último, lanzó un mensaje de normalidad democrática. «Quiero decir con toda claridad que mientras yo sea presidente del Gobierno, la ley se va a respetar en toda su integridad. Que todos los catalanes y el resto de los españoles estén tranquilos en ese sentido. Todo el diálogo dentro de la ley y ninguno fuera de la ley», concluyó Rajoy.

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