Evita confirmar si continuará los preparativos tras la suspensión del referendo
29 sep 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Veinticuatro horas después de que Artur Mas firmara el decreto de convocatoria de la consulta, y el mismo día que la maquinaria del Estado se puso en marcha para paralizarla, la Generalitat trató difundir ayer la imagen de que el proceso transcurre con normalidad, presentó en sociedad las urnas y las papeletas, activó el dispositivo técnico y logístico del referendo, y reiteró que el 9-N todo estará listo para votar pese a la inminente suspensión cautelar del Constitucional.
Según la Generalitat, 5,4 millones de catalanes están llamados a votar, de los que 2.547 son ciudadanos residentes en el extranjero -sobre una estimación de 200.000- que ya han confirmado su intención de participar. El dispositivo contará con 2.718 colegios electorales en 947 municipios. Habrá 8.130 mesas, 10.800 urnas, 6,7 millones de papeletas, y el Gobierno catalán movilizará a más de 9.000 policías, entre mossos y agentes locales, y a casi 5.000 representantes de la Administración. Una votación, presupuestada en 8,8 millones, que ya tiene operativa la campaña institucional y la web informativa, pero que aún tiene que desarrollar buena parte de los instrumentos previstos en la ley de consultas y en el decreto de convocatoria.
Es el caso del inicio de la actividad de la comisión de control del 9-N, que es el organismo, integrado por juristas y politólogos, que hará las veces de junta electoral. Esta semana se eligen sus miembros (miércoles) y más tarde se constituirá formalmente. Además, los ayuntamientos tienen diez días para comunicar a la Consejería de Gobernación qué colegios electorales piensan habilitar. El miércoles se abrirá el plazo para que los extranjeros con derecho a voto (comunitarios con un año de residencia en Cataluña y extracomunitarios con tres) se inscriban en el censo, y también para el voto anticipado.
No pueden ser obligados
Hay elementos, no obstante, que quedan en el aire. Es el caso de los integrantes de las mesas, ya que el Gobierno catalán reconoce que nadie estará obligado por ley a aceptar si es escogido, a diferencia de las elecciones ordinarias. El otro punto que aún está cogido con alfileres es el de los colegios electorales. Más de dos tercios de los ayuntamientos se han mostrado dispuestos a colaborar con la consulta, pero existen consistorios que se muestran reacios, como los que están gobernados por el PP (Badalona y Castelldefels) y algunos por el PSC (Hospitalet, Cornellá o Sant Boi). La vicepresidenta Joana Ortega dijo que si algún ayuntamiento no cede se usarán otros inmuebles públicos.
Ortega señaló que su equipo hará el trabajo bien para que todo esté preparado el día de la votación y con «todas las garantías democráticas». Pero evitó pronunciarse sobre si continuará con los preparativos aun con el decreto suspendido por el tribunal. «Seguimos paso a paso, no nos avancemos», dijo, a diferencia de Artur Mas, que el sábado por la noche se mostró dispuesto a saltarse la medida cautelar y seguir con el ajuste del dispositivo del 9-N.