El Ejecutivo pone en marcha el recurso ante el Tribunal Constitucional para impedir la celebración del referendo
28 sep 2014 . Actualizado a las 15:44 h.Llegó la hora. Después de un largo pulso político con el Gobierno, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, consumó ayer su desafío soberanista convocando un referendo para la independencia de Cataluña. Y la respuesta del Ejecutivo fue inmediata. «No se va a celebrar porque es inconstitucional». La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, garantizaba así, a las pocas horas de que el líder catalán firmara el decreto, que esa consulta tendrá una vida muy corta. La que transcurra hasta que el Tribunal Constitucional admita a trámite los recursos que el Gobierno presentará mañana contra la ley de consultas de Cataluña y contra el decreto de convocatoria del referendo y que suspenderán de manera inmediata los efectos de ambos textos legales.
«Una vez suspendida la ley, no podrá llevarse a cabo ninguna actuación», precisó la vicepresidenta, quien advirtió que cualquier acto tendente a ejecutar el referendo sería una violación de la resolución y tanto el Gobierno como la Fiscalía lo perseguirán. «Artur Mas se ha metido solo en el lío. Supongo que él pensaba que íbamos a recular, pero vamos a hacer lo que dijimos», señaló Rajoy en una conversación informal con periodistas en China, desde donde ayer emprendió vuelo de regreso a España tras concluir su visita oficial.
Firma del decreto
Acto solemne. A las 10.30, como estaba previsto, Artur Mas firmaba el decreto de convocatoria de la consulta en un acto solemne celebrado en el palacio de la Generalitat y en el que estuvieron presentes representantes de CiU, ERC y CUP. El otro grupo que apoya la consulta, ICV, no asistió por considerar que se trataba de un acto de Gobierno. «Queremos votar, queremos decidir y ahora tenemos el marco adecuado para hacerlo», dijo Mas en una declaración institucional posterior a la firma del decreto. «Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada y quiere votar», insistió el líder de CiU en un mensaje pronunciado en catalán, castellano e inglés y en el que, dirigiéndose al resto de españoles, abogó por «continuar con una voluntad de construcción conjunta». «Estamos abiertos a pactar, pero no podemos caer en un inmovilismo vestido de presunta legalidad, que contrasta con otros Estados que hablan y dejan hablar, que pactan para dejar hablar», dijo para justificar la convocatoria de una consulta que sabe de antemano que no se podrá celebrar.
Respuesta del Gobierno
Trámites del recurso. En ausencia de Rajoy, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría tomó las riendas de la respuesta a Artur Mas y puso en marcha el mecanismo previsto para abortar el referendo. «Hemos iniciado los pasos esta mañana para promover los recursos de inconstitucionalidad con la petición de informe al Consejo de Estado», señaló. El órgano consultivo se reunirá hoy y emitirá durante la jornada su dictamen, preceptivo pero no vinculante. Con ese informe en sus manos, el Consejo de Ministros, presidido ya por Rajoy, que ayer por la noche regresó de su viaje a China, se reunirá mañana para redactar el recurso y presentarlo de inmediato ante el Tribunal Constitucional.
Los efectos del recurso
Suspensión inmediata. El Tribunal Constitucional convocará durante esta semana, previsiblemente el martes, un pleno extraordinario, algo que solo puede hacer su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, para tratar el asunto. El tribunal se limitará a constatar que la materia entra dentro de las que son recurribles por el Gobierno y a admitir a trámite el recurso, sin entrar en el fondo de la cuestión. De inmediato, tanto la ley de consultas como la convocatoria del referendo quedarán suspendidos.
Los argumentos
Conocer la opinión popular. El decreto afirma que «entre los asuntos y materias que pueden ser consultadas en una convocatoria en todo el territorio de Cataluña se encuentran aquellos, incluidos los de especial relevancia colectiva para el país, respecto de los cuales la Generalitat tiene la potestad de ejercer la iniciativa formal ante las instituciones del Estado». Asegura que eso lo «reconocen» tanto el Estatuto catalán «en su artículo 61», como «los artículos 87 y 166 de la Constitución». Y precisa que el objeto de la consulta es «conocer la opinión sobre el futuro político de Cataluña» para que la Generalitat pueda ejercer «con pleno conocimiento de causa» la «iniciativa legal, política e institucional que le corresponde».
Las preguntas
Doble votación. El decreto fija la fecha de la consulta para el 9 de noviembre y especifica las dos preguntas que se formularían, que fueron pactadas con los partidos que apoyan el referendo. «¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?». «Y en caso afirmativo: ¿Quiere que este estado sea independiente?». Solo los que respondan sí a la primera pregunta podrán votar sobre la segunda, lo que excluye de hecho en la votación por la independencia a todos los que rechacen un Estado catalán.
El censo
Mayores de 16 años. Según el texto aprobado, podrían votar en el referendo los mayores de 16 años que tengan condición política catalana, así como los ciudadanos de otros países miembros de la Unión Europea que acrediten residir en Cataluña desde al menos un año antes de la convocatoria de la consulta y los que, siendo de otros países de fuera de la UE, acrediten su residencia desde hace al menos tres años. Además, el voto podría ejercerse de manera anticipada entre los días 20 y 25 de octubre. El coste de celebrar el referendo se estima en cerca de nueve millones de euros.
Respaldo del PSOE a Rajoy
«Decisión irresponsable». «No se va a poder realizar». La respuesta del PSOE a Artur Mas fue muy similar a la del Gobierno. El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, coincidió en que la consulta «va contra» la Constitución y es por tanto «la decisión más grave e irresponsable que ha tomado un Gobierno en España» Precisó que el PSOE apoya la impugnación que planteará el Ejecutivo y acusó a Mas de producir «una enorme frustración en la sociedad y una enorme fractura dentro de la sociedad catalana y española».
ERC, por la desobediencia
«Desobedecer es votar». Quien no se quiso dar por enterado de la corta vida que le aguarda a la consulta fue el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien insistió en invitar a los catalanes a la desobediencia si se anula la consulta. Tras asistir a la firma del decreto, Junqueras pidió al Gobierno español que «sea respetada la voluntad de los ciudadanos de poder votar el 9 de noviembre». «Si nos prohíben votar, soy partidario de votar. Y, para mí, desobedecer significa votar», añadió.
Rechazo de Feijoo
«Lo que haya que hacer». El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se mostró convencido de que el Gobierno español «hará lo que tiene que hacer un Gobierno democrático», que es acudir al Tribunal Constitucional para que «señale la guía de actuaciones ante una decisión antidemocrática, ilegal e irregular, la más grave nunca cometida en España». En todo caso, añadió, los pueblos que conforman España «no» van a dejar «solo» al catalán.
Campaña institucional
Rentabilidad política. Tanto la Generalitat como los grupos que apoyan el referendo pretenden rentabilizar al máximo el período en el que la convocatoria del referendo esté vigente, que será previsiblemente de dos días. Apenas unas horas después de que Mas firmara el decreto, la Generalitat inició una campaña institucional para llamar a la participación. Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) anunciaron ayer que iniciarán una campaña en favor de la consulta a partir del 4 de octubre y llamaron a concentrarse en las plazas de Cataluña si el Tribunal Constitucional anula la ley y suspende la consulta independentista.