Como secretario de Estado de Infraestructuras y mano derecha de la ministra Ana Pastor, Rafael Catalá tuvo un importante papel en la respuesta política al accidente de Angrois
25 sep 2014 . Actualizado a las 04:00 h.Como secretario de Estado de Infraestructuras y mano derecha de la ministra Ana Pastor, Rafael Catalá tuvo un importante papel en la respuesta política al accidente del Alvia, aunque los aspectos más técnicos relativos a la infraestructura o la seguridad recaían sobre la empresa pública que ostenta esas competencias: el ADIF. Ni siquiera estuvo presente en el consejo de administración del ente ferroviario y, por tanto, no fue inculpado en la primera tanda de imputaciones que finalmente la Audiencia coruñesa levantó. Curiosamente sí fue fugazmente imputado, porque fue consejero del ADIF, uno de sus predecesores en el cargo que deja en Fomento: Benigno Blanco, hombre de confianza de Francisco Álvarez Cascos y ahora una de las voces más críticas con la decisión de no reformar la ley del aborto, al ser el presidente del Foro Español de la Familia. El ADIF, además, depende orgánicamente de la ministra de Fomento, no de la secretaría de Estado.
A pesar de este papel tangencial en la vertiente jurídica del accidente, las víctimas del descarrilamiento de Santiago -el sector agrupado en la plataforma, donde está la exdiputada del PP Teresa Gómez Limón, pero también la asociación de perjudicados Apafas- temen que el nombramiento de Rafael Catalá interfiera en el proceso judicial, pendiente ahora de que la audiencia confirme o no las imputaciones a doce cargos del administrador ferroviario. En la Plataforma Víctimas del Alvia 04155 consideran que está «políticamente involucrado» en el accidente y que su relación con el suceso puede condicionar el proceso judicial, a pesar de que la Fiscalía no asume las tesis de las víctimas sobre la responsabilidad penal de los cargos del ADIF. Este punto de vista es compartido por Cristóbal González, presidente de Apafas, una asociación más taimada a la hora de realizar valoraciones políticas. ¿Cómo puede influir el nuevo ministro si la Fiscalía ya ha decidido hace tiempo no acusar? «Pues diciéndole que hace bien los deberes y, si tiene un aprobado, darle un aprobado más», ironiza Cristóbal González, aventurando que de esta forma el fiscal nunca va a ir más allá de la responsabilidad del maquinista.
«Indignación»
Jesús Domínguez, presidente de la plataforma, no disimula su indignación por el nombramiento y asume que, si hay alguna novedad en la instrucción para sustentar nuevas imputaciones, «la Fiscalía no la tendría en cuenta». Recuerda especialmente unas declaraciones por las que directamente lo acusa de mentir. Catalá dijo que el descarrilamiento de Santiago no era un accidente de la alta velocidad española, lo contrario de lo que dictaminaron todos los peritos en sus informes preliminares. También le recrimina que, siendo secretario de Estado de Fomento, el ADIF autorizó la desconexión del ERTMS embarcado en el Alvia, «algo que, según los peritos, habría evitado el accidente». «No puede ser ministro de Justicia quien hasta hace unos meses tenía de forma directa o indirecta bajo su dirección a los responsables de ADIF, algunos imputados en la causa abierta por el accidente», concluyen.
Teresa Gómez Limón, ahora diputada del Grupo Mixto en la Asamblea de Madrid tras dejar el PP, recordó en una entrevista reciente en La Voz que Rafael Catalá fue una de las dos personas del partido que la llamaron para pedirle que modulara su discurso sobre el accidente. Ella le respondió que, cuando se trata de la vida o la muerte, el partido le importaba «un bledo».