El Ejecutivo se limitará a modificar la actual normativa para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesiten del consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. Esta decisión deja en el aire el futuro del ministro Gallardón
23 sep 2014 . Actualizado a las 16:56 h.El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este martes la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada redactado por el Ministerio de Justicia, por no haber encontrado el consenso suficiente para sacarlo adelante.
En su lugar, ha anunciado que el Ejecutivo reformará la actual normativa para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesitan del consentimiento paterno para interrumpir su embarazo y apostará por un Plan de Protección de la Familia que verá la luz, según ha dicho, antes de finales de año.
El jefe del Ejecutivo ha hecho este anuncio en declaraciones a los medios tras participar en el Congreso Mundial de Relaciones Públicas que se celebra en Madrid. «Estamos ante un tema que afecta a convicciones profundas de todos los ciudadanos, y es un tema que hay que tomárselo, y yo desde luego me lo tomo, muy en serio», ha argumentado el jefe del Ejecutivo, quien ha incidido en que es un asunto que genera división.
Rajoy ha señalado que su posición en este asunto es bien conocida porque fue el PP el que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional a la reforma que realizó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. «El Gobierno ha hecho el mayor de los esfuerzos de que fue capaz para intentar llegar al mayor de los entendimientos posibles», ha resumido el presidente. Ha añadido que el Gobierno presentará antes de fin de año un Plan de Apoyo a la Familia y luego seguirá estudiando fórmulas «para conseguir una mayor aceptación en la reforma».
Tras insistir en que «hay algunas cosas que se pueden seguir haciendo en el futuro», por lo que el Gobierno buscará más apoyos y seguirá «estudiando y trabajando», Rajoy ha reconocido que «hoy por hoy» la decisión que ha tomado es que modificará «los dos puntos».
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comparecerá esta tarde a las 17.30 en la sede del Ministerio en el Palacio de Parcent «para ofrecer una valoración sobre las novedades en el proyecto de Ley Orgánica de protección del concebido y los derechos de la embarazada», según ha informado su departamento.
Dudas sobre el futuro político de Gallardón
La decisión anunciada por Rajoy deja en el aire el futuro político del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, gran defensor de la reforma. Hacía varias semanas que se rumoreaba que el PP no sacaría adelante un proyecto que se había revelado como muy impopular.
El rechazo mayoritario de la opinión pública y la falta de consenso en su partido han convencido a Rajoy de retirar el proyecto acaudillado por el ministro de Justicia, que mañana tiene que volver a responder sobre este asunto en el Congreso.
Gallardón tendrá que hacer frente a una interpelación que sobre esta cuestión le dirigirá el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).
El objetivo de esta iniciativa no era otro que exigir al Gobierno que aclarase de una vez si iba a seguir adelante con la reforma, tras los sucesivos retrasos en el calendario propuesto por Gallardón.
Este debate tendrá lugar días después de que concluyera el plazo que se dio el ministro para presentar reforma, el último Consejo de Ministros antes del verano, y de las marchas que se han celebrado este fin de semana a favor de la reforma.
Impopular en las encuestas
Ruiz Gallardón se sintió respaldado por su Gobierno cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la nueva ley del aborto en diciembre a pesar de que algunos miembros del PP se alzaron en contra de una reforma que se consideraba regresiva e innecesaria y completamente impopular en las encuestas.
La marcha atrás ahora es una traición para Gallardón, puesto que su medida estrella era una de las propuestas incluidas en el programa electoral de los populares y que de la se ha mostrado orgulloso. De hecho, llegó a decir que la ley recibiría el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros a lo largo del verano, pero Cataluña se cruzó en su camino y al Gobierno le ha servido para paralizar una norma que restaba simpatizantes entre su propio electorado.