El Gobierno recurrirá la ley de consultas en cuanto entre en vigor
20 sep 2014 . Actualizado a las 14:34 h.El Gobierno y la Generalitat mantienen el juego del gato y el ratón. El anuncio de que la ley de consultas no entraría en vigor ayer obliga al Ejecutivo a retrasar sus planes y a permanecer alerta. Sin dar más pistas, la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, aseguró ayer que «todo está listo para convocar en las próximas horas o días la consulta del 9 de noviembre». La posibilidad de que Mas hiciera efectiva ayer mismo la ley aprobada por el Parlamento catalán y convocara de inmediato el referendo llevó al Gobierno a preparar una reunión del Consejo de Ministros para hoy con el objetivo de recurrir ambos textos legales ante el Tribunal Constitucional y paralizar así la consulta.
El Ejecutivo está dispuesto a recurrir la ley de consultas inmediatamente después de su entrada en vigor, independientemente de que Mas convoque o no el referendo. Con ello, se aseguraría que la consulta quede paralizada, ya que una vez que la ley esté suspendida, lo estará también cualquier acto que emane de ella, como sería la convocatoria del referendo independentista.
Detrás de la estrategia dilatoria de Artur Mas se esconde el deseo de ganar tiempo y también probablemente la posibilidad de convocar la consulta la semana próxima, cuando Rajoy se encuentre fuera de España, ya que el martes inicia un viaje a China. Se trataría de algo más simbólico que efectivo, ya que el Consejo de Ministros puede aprobar el recurso en ausencia de Rajoy y presidido por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, e incluso Rajoy podría firmar el recurso desde el extranjero.
Los pasos a dar por el Gobierno una vez que entre en vigor la ley de consultas están perfectamente diseñados, independientemente de cuándo se produzca este hecho. En primer lugar, un Consejo de Ministros extraordinario redactaría el recurso. De inmediato, este se remitiría por vía urgente al Consejo de Estado para que emitiera su informe preceptivo, pero no vinculante. Con el previsible visto bueno del Consejo de Estado, el recurso se presentaría con la máxima celeridad en el Tribunal Constitucional, lo que acarrearía la inmediata suspensión de la norma aprobada. A pesar de no ser necesario para paralizar la consulta, el Gobierno recurrirá también la convocatoria del referendo en el momento en el que se produzca.
Movilización de Ayuntamientos
Artur Mas es consciente de la corta vida que le aguarda a la ley de consultas y a la convocatoria del referendo que hará en cuanto la norma entre en vigor. Y, por ello, tratará de rentabilizar políticamente al máximo el breve tiempo en el que la consulta esté en vigor, antes de que el Gobierno presente el recurso. Por ello, la Generalitat lanzará una campaña institucional inmediatamente después de llamar a las urnas y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) movilizará a miles de voluntarios para hacer campaña.
Al tiempo, los ayuntamientos gobernados por partidarios de la consulta celebrarán plenos extraordinarios para apoyarla, en respuesta a la solicitud realizada por la Asociación de Municipios por la Independencia AMI, que cuenta con 683 ayuntamientos.