De Cospedal enmienda la plana a Gallardón sobre la reducción de aforados
02 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Pedro Sánchez respondió ayer a la propuesta del Gobierno de pactar en el plazo de dos meses las medidas de regeneración poniendo duras condiciones para negociar. En primer lugar, exigió a Mariano Rajoy la retirada de la reforma electoral para cambiar el sistema de elección de alcaldes y le advirtió de que hacerlo sin consenso del PSOE sería un «peligroso precedente». «Rajoy no va a gobernar eternamente y si abre esa puerta los que gobiernen en el futuro se verán legitimados para cambiar unilateralmente la reglas del juego de la ley electoral cuando el PP esté en la oposición», aseguró.
Pero, además, el secretario general de los socialistas argumento que hay poco margen para pactar con Rajoy porque no se puede hablar de regeneración democrática con quien limita derechos, para lo que citó dos leyes en concreto, la del aborto y la de seguridad ciudadana, que suponen «un recorte de la democracia y de las libertades». Recalcó que su partido tiene una concepción de la democracia «en las antípodas» de la del PP.
Sánchez anunció que el PSOE va a presentar en las próximas semanas en el Congreso su propia batería de medidas para «afrontar de verdad una verdadera agenda de regeneración democrática», que incluye la obligatoriedad de las primarias en todos los partidos, la revisión profunda del indulto, la devolución del dinero defraudado por los corruptos o la limitación a dos legislaturas de los mandatos del presidente del Gobierno.
El líder socialista apoya la reducción del número de aforados que propone el Gobierno. Pero ayer se pusieron de manifiesto las discrepancias de fondo que existen entre el Ejecutivo y el partido en este asunto. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, enmendó la plana al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que el viernes pasado había propuesto reducir el número de beneficiarios del fuero especial de 17.621 a solo 22. Es decir que lo mantendrían, aparte de los miembros de la familia real, los presidentes del Congreso, el Senado, el Supremo y el Constitucional, así como los del Gobierno central y los autonómicos. Esto supondría reformar la Constitución y los estatutos de autonomía.
Pero la número dos de los populares abogó por restringir el aforamiento únicamente a los hechos realizados en el estricto ejercicio del cargo, especialmente los relacionados con la libertad de expresión y opinión, y no, como sucede ahora, a los delitos o demandas de naturaleza privada, de los que deberían responder ante los tribunales ordinarios Con ello, no sería necesario reformar ni la Carta Magna ni los estatutos de autonomía, según sostuvo De Cospedal.
La contrapropuesta de la secretaria general llegaba después de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría respaldara el viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la propuesta de Gallardón de reducir drásticamente la cifra de aforados, que no tiene parangón en Europa, y ofreciera un pacto a la oposición para llevarla a cabo. Incluso dijo que el Gobierno no se cerraba a discutir las reformas la Constitución y de los estatutos de autonomía si se alcanzaba un consenso con los demás partidos.
Tras esta discrepancia de fondo entre ambas instancias no queda claro cuál es la propuesta que se va a debatir con los grupos parlamentarios: si una reducción masiva de los aforados o solo la limitación de la protección judicial de que gozan.