Con mayor o menor entusiasmo, con más o menos ganas, los políticos han acabado asumiendo que o proceden a una profunda regeneración del sistema o la ola de indignación se los lleva por delante. Ocurre que a veces la reacción está guiada más por el ruido que por la eficacia. En origen, el aforamiento no es un privilegio, sino una protección para el correcto ejercicio de la función pública. No se trata de una vía para eludir la acción de la justicia, sino de una barrera para evitar que las demandas temerarias acaben frenando o alterando la acción política. Pero ha sucedido que una nula regulación y un uso abusivo de la figura ha acabado convirtiéndola en lo que no era. Porque los políticos afectados se han amparado en el aforamiento para jugar con los jueces, dilatar los procesos y tratar de elegir el tribunal que más les conviniera. La ósmosis entre la política y la justicia, especialmente cuanto más nos acercamos a la cúspide judicial, contribuye a aumentar la sombra de la sospecha. Por eso, llegados al actual punto de desprestigio de la política ya no sirve con mejorar la regulación. Hay que cortar por lo sano para que la medida sea creíble. Y es en este sentido que la intención del Gobierno de suprimir de un plumazo miles de aforados y reducirlos a la mínima expresión es una buena noticia. Y lo es aún más la buena acogida que, en principio, ha tenido entre el resto de los partidos. Cierto que se trata de una reforma técnicamente compleja, porque hay que poner de acuerdo a todas las autonomías y tocar la Constitución. Pero cuando hay una voluntad política compartida, incluso lo difícil se torna sencillo. Justo lo contrario de aquellas otras propuestas que se plantean de forma extemporánea y con fines espurios. Porque hay consensos y consensos, y todo es más fácil cuando todos quieren.