La guerra judicial contra el clan Pujol

j. á. f. redacción / la voz

ESPAÑA

El sindicato ultraderechista Manos Limpias, el mismo que mantiene la acusación contra la infanta, lidera la ofensiva en los dos frentes

24 ago 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Los Pujol se perfilan como el tema estrella del nuevo curso judicial y todo apunta a que van a acaparar una buena parte del protagonismo mediático que en el que ahora acaba se han disputado los Urdangarin, Bárcenas y demás imputados en el caso Gürtel. Se han convertido este verano en una referencia informativa obligada después de que hace un mes -el pasado 25 de julio- el patriarca hiciese público un comunicado en el que confesaba que la familia había ocultaba una fortuna -la supuesta herencia del abuelo- en el extranjero durante 34 años. Trataba así el ex honorable de salir al paso de las informaciones que se venían sucediendo desde hace dos años sobre miembros de su familia directa y «de las insinuaciones escritas sobre el origen de los medios económicos de la misma».

Estrategia fallida

Lejos de conseguir el efecto deseado, aquella confesión y/o autoinculpación, voluntaria o forzada, provocó el efecto contrario al que parecía pretender. Una de las primeras consecuencias fue que, por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Pablo Ruz citó para el 15 de septiembre a Jordi Pujol júnior y a su ex esposa Mercé Gironés, e hizo que enviase a Andorra una comisión rogatoria para que le informe sobre los ahorrillos que pudiera tener allí el imputado. Comisión rogatoria que curiosamente fue recurrida, no por el hijo, sino por patriarca.

La ofensiva judicial a la que se enfrentan está liderada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias que dirige su fundador, el abogado del Ayuntamiento de Madrid Miguel Bernard. En frente le han colocado nada menos que al abogado de Leo Messi, el abogado más solicitado en los principales procesos de corrupción.

Los dos frentes

La batalla de Manos Limpias contra los Pujol se libra en dos frentes: el juzgado número 31 de Barcelona y la Audiencia Nacional. El primero ya había asumido la instrucción de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia contra Oriol Pujol por el escándalo del amaño de las adjudicaciones de las ITV catalanas, tras la renuncia el pasado mes de julio a su escaño en el Parlamento catalán. En los últimos días admitió a trámite otra querella de Manos Limpias contra el matrimonio Pujol Ferrusola en la que le acusa al ex presidente del Gobierno catalán de siete delitos: cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público y blanqueo. A su esposa, Marta Ferrusola, como cómplice.

En la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz tiene abiertas desde enero del año pasado unas diligencias en las que investiga a Jordi Pujol júnior y a su ex esposa Merce Gironés, tras la declaración judicial efectuada ante él por María Victoria Álvarez, ex novia de Pujol Ferrusola en la que le acusaba de viajar a Andorra con mochilas repletas de billetes.

Por esos mismos hechos Manos Limpias presentó otra querella en los últimos días y contra ambos investigados. El juez Ruz le requirió para ello al sindicato una fianza de 20.000 euros que, según declaró el viernes Miguel Bernard a La Voz, ya la han reunido y solo están a la espera que les diga dónde han de depositarla.

Riesgo de fuga

Como Pablo Ruz, que no volverá de sus vacaciones hasta el nueve de septiembre, ha citado a los querellados para el día 15, Manos Limpias le acaba de pedir al sustituto que decrete prisión eludible bajo fianza de un millón de euros para cada uno de ellos y que le ponga vigilancia policial a Jordi Pujol hijo ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

«Existe un riesgo evidente porque ese señor tiene mucho que ocultar. Existe un informe de la UDEF, según el cual ya le han detectado más de 30 millones de euros, pero tiene más dinero oculto que se irá conociendo a medida que vayan llegado los resultados de las comisiones rogatorias. El clan controla un entramado de más de 80 sociedades con el que según nuestras estimaciones han defraudado cerca de 300 millones de euros», declara Bernard. Como fundamento de sus sospechas, cita informes de la UDEF y «chivatazos procedentes desde dentro del partido de Pujol».