En contra del empeño de Artur Mas en asegurar que el escándalo desatado por la confesión de Jordi Pujol no afectará al proceso soberanista, son cada día más los políticos que piensan lo contrario. Lo dijo hace unos días Duran i Lleida e insistió ayer en ello, aunque no quiso entrar a fondo en el asunto porque, dijo, deberán resolverlo los jueces.
Pero no fue el único. El coordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que agrupa a todas las fuerzas que defienden la celebración de la consulta, reconoció ayer que el nuevo caso de corrupción supone un obstáculo importante. No obstante, Joan Rigol, aseguró que se trata de «un obstáculo que superaremos como tenemos que superar tantos otros, porque nuestro problema no es ese», sino la convocatoria del referendo. También el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, reconoció que la confesión de Pujol «es un golpe fuerte que traerá consecuencias de todo tipo».
La presidenta andaluza, Susana Díaz, afirmó en una entrevista a Europa Press que las informaciones «preocupantes» que se van conociendo sobre el patrimonio de Pujol y su familia demuestran «las falacias y falsedades que algunos utilizaron para intentar romper el proyecto común que es España». En este sentido, mostró su temor a que Rajoy y Mas hayan llegado a acuerdos «bilaterales que no se conozcan y nos afecten a todos».