En un sector de la Audiencia Nacional, el implicado directa o indirectamente por la contundente decisión del Tribunal Supremo sobre los efectos prácticos de la polémica reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recortar la capacidad de los tribunales españoles a la hora de aplicar el principio de Justicia Penal Universal, ha sido acogida con «sorpresa».
Al otro, al que abarca a todos aquellos que nunca han visto con buenos ojos el uso abusivo que algunos jueces centrales del instrucción han hecho de un recurso judicial contemplado en nuestra legislación vigente y que se utilizó por primera vez para ordenar y conseguir desde Madrid la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, hace casi 17 años, no le ha sorprendido lo más mínimo.
Los excesos y/o los efectos no deseados del uso abusivos provocaron un primer recorte de la jurisdicción universal hace ya cinco años, con el Gobierno Zapatero. El empeño de algunos magistrados en seguir manteniendo vivas causas en las que era evidente que nunca se podría hacer justicia efectiva, sirvió de coartada para el drástico recorte en vigor desde el pasado 14 de marzo.
A partir de ahí se viene registrando lo que fuentes jurídicas califican de «ajuste de cuentas» entre el Ejecutivo y los señorías que se consideran damnificados por esos recortes. Los efectos colaterales no se han hecho esperar: 53 traficantes de droga sorprendidos en fragrante delito han sido excarcelados. Y ello sin que nadie se haya parado a pesar si solo se dedicaban al negocio o algo más. a financiar actividades terroristas en sus países de origen.