Interior incorpora la seguridad privada a todas las prisiones

Otros 800 agentes se sumarán en semanas a los 254 que entraron el año pasado con la puesta en marcha de un plan piloto en 21 centros

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Redacción / La Voz 23/07/2014 07:00 h

El proceso de privatización de la seguridad en los centros penitenciarios españoles avanza de forma imparable. A los 254 agentes que se incorporaron el año pasado en 21 de los 68 centros penitenciarios dependientes de la Administración central, en el marco de un plan piloto puesto en marcha por el Ministerio del Interior, se sumarán en los próximos días otros 800 agentes que se incorporarán a la totalidad de los centros.

Estas incorporaciones no supondrán, inicialmente, la salida de la Guardia Civil y la Policía Nacional de las prisiones. Eso queda para una tercera fase. El cometido de los agentes de la seguridad privada, de momento, se reducirá a la vigilancia del perímetro de las cárceles, lo que implica control de vallados y muros exteriores, la supervisión de las cámaras de seguridad y la comprobación de los accesos reservados a familiares de los reclusos, entre otras funciones. Inicialmente no está previsto que tengan ningún tipo de contacto con los internos.

La tercera fase del plan se pondrá en marcha previsiblemente en julio del año que viene, una vez que se emita un nuevo informe positivo relativo a la segunda experiencia realizado por Guardia Civil, Policía e Instituciones Penitenciarias.

En esa última fase será cuando se produzca una reducción de plantilla en las unidades de la Guardia Civil dedicadas hasta el momento a controlar los accesos y las cámaras. El Ministerio del Interior se ha comprometido a que los agentes que actualmente llevan a cabo estas tareas pasarán a engrosar los departamentos de conducción y traslado de presos, labor que únicamente pueden realizar funcionarios del instituto armado.

Recolocaciones

Las razones esgrimidas por los responsables de Interior para privatizar la seguridad en los centros penitenciarios fueron fundamentalmente dos: recolocar a los más de 2.000 escoltas que prestaban servicios de protección a políticos y personalidades en el País Vasco y Navarra hasta la primavera del 2012, por el cese de la actividad armada de ETA y recuperar efectivos de la Guardia Civil para otros servicios -fundamentalmente la seguridad ciudadana- y paliar el recorte de nuevas incorporaciones al haberse fijada una tasa de reposición de las vacantes por cualquier causa en un 10 %, como consecuencia de la crisis económica.

La realidad, según fuentes sindicales de prisiones y de la Guardia Civil es otra bien diferente. Aseguran que la incorporación de los exescoltas, al menos en los 21 centros donde se implantó el plan piloto ha sido mínima y las posibilidades de incorporar a los servicios de seguridad ciudadana a agentes procedentes de prisiones, según reconocieron mandos de la Guardia Civil a sus representantes, en la práctica, será más bien remota, porque supondría un notable incremento del presupuesto, por la diferencia en los complementos de destino.

Cuatro lotes

La segunda fase del plan de incorporación de la seguridad privada a las prisiones supondrá la creación de 202 puestos de trabajo -181 de 24 horas y 22 de 12 horas- con un presupuesto total de 33.387.743 euros, aprobado en un Consejo de Ministros del pasado mes de abril.

El contrato que en estos momentos está en fase de adjudicación -por afectar a servicios de seguridad se tramita por el «procedimiento negociado sin publicidad»-, se estructura en cuatro lotes divididos por zonas geográficas.

Está previsto formalmente que cada lote se adjudique a un licitador diferente. Según fuentes del sector al concurso de ha presentado una UTE -Unión Temporal de Empresas- encabeza por Ombuds, en la que se integran Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Seguritas, Sabico y Vinsa. Salvo variaciones de última hora, son las mismas que ya se repartieron los cerca de ocho millones que se destinaron al plan piloto puesto en marcha hace un año.

El negocio para el sector lo completan los 14 centros penitenciarios radicados en Cataluña que gestiona la administración catalana que también apostó fuerte por la privatización del servicio.

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