El fiscal pide cárcel para cargos de CDC por cobrar comisiones por obra pública

La Voz BARCELONA / EFE

ESPAÑA

Las penas irían del año y medio a los diez años de prisión para siete empresarios y ex cargos de la empresa Adigsa

16 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

El fiscal pide penas de entre un año y medio y diez años de cárcel para siete empresarios y ex cargos de la empresa de vivienda de la Generalitat Adigsa, militantes de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante el Gobierno de Jordi Pujol, en el llamado «caso del 3 %».

Esta investigación se inició en el 2005 a raíz de la insinuación del expresidente catalán Pasqual Maragall de que CiU cobraba comisiones del 3 %, aunque finalmente solo se han hallado indicios de una «mordida» del 20 % que el empresario «arrepentido» José Antonio Salguero confesó haber pagado a cambio de la adjudicación de obra pública de Adigsa.

La causa comportó la imputación del entonces presidente de Adigsa y ahora diputado de CiU en el Parlamento Ferran Falcó, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó en septiembre pasado archivar las actuaciones en su contra, al entender que no estaba al corriente de las irregularidades.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal de delitos económicos Emilio Sánchez Ulled pide la pena más alta, de diez años de cárcel, para el entonces consejero-delegado de Adigsa Josep Antoni Fontevila, así como nueve años y seis meses de prisión para el ex gerente de Adigsa Jordi Huguet y para Jordi Sala, que era el encargado del mercado secundario de la empresa de vivienda pública, por los delitos de malversación y falsedad documental.

El fiscal también pide 5 años de cárcel para el intermediario José María Penin -pariente del entonces consejero de Política Territorial Felip Puig, que en la época dirigía el departamento del que dependía Adigsa-, por ser el encargado de adjudicar las obras a empresarios afines.