Los tres dirigentes sindicales imputados en junio, entre ellos el extesorero, aseguraron que desconocían su existencia
11 jul 2014 . Actualizado a las 19:07 h.El sindicato UGT tenía un «bote» de dinero a su disposición en casi todas las empresas implicadas en el caso de las facturas falsas, cantidad que ascendía a 345.000 euros en el momento del registro de una de ellas, según han informado este viernes fuentes del caso tras levantarse el secreto del sumario.
Según las fuentes, el atestado de la Guardia Civil entregado al juez de instrucción 9 de Sevilla asegura que el sindicato disponía de una aplicación específica en su contabilidad para gestionar dicho «bote», aunque los tres dirigentes sindicales que fueron imputados por el juez el pasado 26 de junio, entre ellos su extesorero, aseguraron desconocer su existencia.
Según los investigadores, las empresas proveedoras de UGT practicaban el llamado «rappel» o descuentos especiales para pedidos de grandes dimensiones, cantidades que no aparecían reflejadas en las facturas y que pasaban a engrosar un «bote» o cantidad que quedaba a disposición del sindicato para futuros gastos.
En el momento de la entrada y registro policial, practicado el 24 de junio en ocho empresas en Madrid, Sevilla, Alicante y Jaén, casi todas ellas tenían en su contabilidad algún tipo de «bote» a favor de UGT, que ascendía a 345.000 euros en una de ellas, según las fuentes.
El juez de instrucción 9 de Sevilla dará traslado la próxima semana a las partes del contenido del sumario, en el que ha imputado presuntos delitos de falsedad y fraude a la Hacienda Pública a 13 empresarios y tres sindicalistas por las presuntas facturas falsas presentadas por el sindicato para justificar las subvenciones de la Junta destinadas a formación.
Entre los detenidos figuraba Federico Fresneda, vicesecretario de Administración de UGT en Andalucía entre el 2005 y el 2013; María Charpín, exsecretaria de Gestión Económica de UGT-A, y Dolores Sánchez Montaño, encargada de compras en el sindicato regional.
Según el atestado de la Guardia Civil, UGT disponía de una aplicación informática específica para gestionar el «bote» e incluso llegó a solicitar una subvención para modernizarlo con cargo a los fondos de desarrollo tecnológico de la Junta.
Las citadas fuentes han informado de que Sánchez Montaño declaró a la Guardia Civil que UGT solo trabajaba con determinadas empresas por indicación de Fresneda.
La Guardia Civil sostiene que este presunto fraude en las subvenciones recibidas por UGT-A se hizo «de manera sistemática año tras año» hasta perfeccionarse y convertirse en «la vía más importante para la financiación de este sindicato».
En su declaración, los imputados negaron haber actuado ilegalmente aunque reconocieron que en ocasiones podía existir una factura conjunta por materiales suministrados en distintas entregas y haber cambiado conceptos en las facturas, pero no haberlas «inflado».
En cuando a los empresarios, alegaron que siguieron instrucciones del sindicato, que creyeron actuar legalmente y que esperan demostrar documentalmente sus afirmaciones.