La infanta sacrifica a su marido para intentar esquivar el banquillo

melchor saiz-pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Cristina de Borbón, en una imagen de abril del 2010 antes de asistir a un oficio religioso en Barcelona.
Cristina de Borbón, en una imagen de abril del 2010 antes de asistir a un oficio religioso en Barcelona. J. L. < / span>afp< / span>

Roca la presenta como víctima de su esposo, en el que «confió en exceso»

03 jul 2014 . Actualizado a las 10:52 h.

Cristina de Borbón no está dispuesta a inmolarse con su marido y, mucho menos, a arriesgarse a una petición de cárcel por acompañar a Iñaki Urdangarin. Su recurso contra el auto del juez José Castro, que le mantiene como imputada por dos delitos fiscales y uno de blanqueo, deja solo frente al banquillo su esposo, al que señala como responsable único de las irregularidades con Hacienda cometidas a través de Aizoon, la empresa de la que son copropietarios al 50 %.

La estrategia de la hermana de Felipe VI pasa por mostrarse ignorante de todo, incluso de la procedencia del dinero que gastó durante años con la tarjeta Visa Oro a nombre de Aizoon. El recurso de los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva llega a presentar a Cristina de Borbón como víctima de su marido, hacia quien tuvo «una actuación en exceso confiada».

El recurso insiste en que la infanta, debido a sus «múltiples ocupaciones» y compromisos, no podía «estar al corriente de las gestiones directamente vinculadas con la economía familiar», que dejó en manos de su marido, quien habría abusado de esa «confianza». Además, aunque hubiera tenido tiempo, arguyen sus letrados, nunca hubiera detectado las irregularidades fiscales porque «solo cuenta con unos conocimientos muy básicos de fiscalidad». «A la absoluta confianza se añadía una absoluta falta de la capacidad de sospechar siquiera que se podía estar incurriendo en alguna irregularidad», señala el texto, que abunda en la traición de Urdangarin, quien tampoco tiene estudios fiscales.

«No existe de lo actuado indicio alguno que permita sostener que la infanta favoreciera la realización de las defraudaciones que, presuntamente, se atribuyen a su esposo», reiteran hasta la saciedad Roca y Silva, y se esfuerzan en desvincular a su cliente del manejo de Aizoon, pese a que implique dejar a los pies de los caballos a Urdangarin. Este se queda cada vez con menos argumentos para rebatir las acusaciones de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, dos fraudes fiscales, estafa, falsedad en documento oficial y mercantil. Una losa que podría comportar una petición de cárcel de entre 8 y 34 años.

Administrador único

Según los letrados de Cristina de Borbón, fue su marido, como administrador único de Aizoon, el exclusivo responsable de cargar los trabajos de asesoría a multinacionales para pagar menos impuestos. «La mera circunstancia de ser socio [la infanta] de una compañía supuestamente utilizada por el administrador [su marido] para una posible defraudación fiscal, de ninguna manera puede ser considerada por sí sola indicio bastante para sostener una posible participación activa penalmente relevante», argumentan.

Además, el recurso trata de exculpar a la infanta por haber usado durante siete años la tarjeta Visa de Aizoon para abonar compras personales, base de la acusación del delito de blanqueo. Miquel Roca alega que son «limitadísimos pagos anuales» los que hizo la duquesa con esta tarjeta.

Como ya hiciera el fiscal Pedro Horrach, en el escrito de los abogados de la defensa también hay reproches personales al juez José Castro, de nuevo rayanos con la prevaricación.

Nuevo ataque a Castro

Aseguran que se ha empecinado en «mantener a toda costa la imputación» por blanqueo de capitales y un delito contra la hacienda pública, aunque suponga «anteponer» ese «empeño» a la «estricta aplicación de la ley».

Para la defensa, el juez ha forzado las figuras de delito fiscal y blanqueo «más allá de lo que una cabal interpretación jurídica debería permitir para sostener la relevancia penal de las imputaciones». Y todo, explican, cuando para Hacienda el único responsable de las irregularidades es Urdangarin. «Resulta difícilmente comprensible que de unas diligencias con resultado abiertamente exculpatorio se pretenda extraer serios indicios de criminalidad», afean a Castro los letrados.