El punto final de la instrucción dictado hoy por el Juez Castro es solo un punto y aparte en el Caso Nóos: la piedra pasa ahora a la Audiencia Provincial de Palma, tribunal competente de responder a las alegaciones
25 jun 2014 . Actualizado a las 19:31 h.El futuro de la infanta Cristina esta ahora en manos de la Audiencia Provincial de Palma. El juez José Castro ha dado hoy por finalizada su investigación del caso Nóos, que comenzaba hace cuatro años en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital mallorquina, con la imputación de la hermana del rey Felipe VI por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El juez ha dado un paso más para que la duquesa de Palma sea juzgada. Pero, ¿llegará finalmente al banquillo de los acusados?
La decisión pasa ahora a la Audiencia Provincial de Palma, tribunal competente de responder a las alegaciones que previsiblemente presentarán tanto la abogacía del Estado como las defensas particulares. Por tanto, el fin de la instrucción firmado hoy por el juez Castro no deja de ser un punto y seguido en el escándalo de corrupción conocido como Caso Nóos y que tiene como protagonista a la hermana del rey y a su yerno.
En cualquier caso, la imputación conocida hoy supone un hecho insólito por sí mismo en la historia de España, pues se trata de la primera vez que un familiar directo del rey es juzgado. Y no deja de ser el primer gran problema al que se tiene que enfrentar Felipe, de 46 años, una semana después de ser proclamado rey.
El siguiente paso, las acusaciones
Tras cuatro años de investigaciones, el juez Castro da paso ahora a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones del caso -Abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma, Manos Limpias, Frente Cívico 'Somos Mayoría', PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- para que presenten su escrito de calificación provisional en el que determinarán definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.
¿Qué penas se esperan?
En el caso de la Fiscalía, la acusación pública contempla solicitar entre 10 y 19 años de cárcel para el Duque de Palma, a quien acusará de un delito de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y tres delitos fiscales. La pena concreta dependerá de si el yerno del Rey abona antes, junto a Torres, los cerca de seis millones de euros de los que se apoderaron de las Administraciones públicas. La petición que formulará para su exsocio oscilará, por su parte, entre los diez y los 15 años, puesto que en su caso le será atribuido un solo delito fiscal.
Del mismo modo, el Ministerio Fiscal solicitará en su escrito que la Infanta, se siente o no finalmente en el banquillo de los acusados, responda civilmente -a título lucrativo- de los fondos supuestamente defraudados por su marido a través de Aizoon, sociedad de la que ambos son copropietarios y que se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.