Ostenta el récord frente a países como Alemania o Reino Unido, que no cuentan con ninguno
26 jun 2014 . Actualizado a las 18:53 h.«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», así lo proclama la Constitución en su artículo 14. Sin embargo, en la práctica España tiene especial cuidado de en qué banquillo se sientan sus cargos públicos, y es la democracia occidental con más aforados: unos 10.000. Una cifra que debería de provocar sonrojo en comparación con el entorno europeo, donde ésta condición especial de los cargos públicos para poder ser juzgados por un tribunal especial es muy limitada.
Por ejemplo, Francia solo blinda a su presidente y ministros, Italia y Portugal exclusivamente a su jefe de Estado, y democracias más robustas como Reino Unido, Estados Unidos o Alemania ni siquiera cuentan con éste polémico privilegio. Mientras en todas estas democracias los cargos públicos son juzgados por el mismo tribunal que el que juzgaría a cualquier ciudadano, lo de España se asemeja cada vez más a un listín telefónico de «intocables» que no siguen la misma vara de medir que los demás.
En el resto de Europa se preocupan mucho porque los ciudadanos se sientan iguales ante la ley. Esa es la razón por la que Berlusconi ya conozca la mitad de tribunales ordinarios de Italia, o que el expresidente alemán Christian Wulff probase en 2012 el duro banquillo de un tribunal de Hannover por un cohecho impropio de 720 euros. ¿Por qué España es la excepción en este asunto? ¿Por qué esas cifras tan escandalosas en comparación con los vecinos europeos que cuentan con casos aislados o incluso nulos de esta condición de aforamiento?
Juan Luis Gómez Colomer, autor de la obra cumbre en la materia, el Tratado jurisprudencial de aforamientos procesales, parece tener la respuesta, al menos teórica: «La figura del aforado hoy en día responde al contexto en que se diseñó», explica: un país en que políticos y jueces estaban en transición hacia hábitos democráticos, y derechos como la libertad de expresión requerían protección. «El problema es que se fue ampliando una figura que, a ojos de hoy, parece una incorrecta comprensión de lo que debe ser la inmunidad. Luego el Estado de las autonomías lo multiplicó por 17, y en el siglo XXI la foto final no es presentable». Más de 10.000 jueces, políticos, fiscales, diputados autonómicos y nacionales, senadores, ejecutivos regionales, altos cargos de la administración del Estado y todo el Gobierno central son aforados.
En pleno debate abierto sobre el futuro aforamiento del Rey Juan Carlos I, es necesario destacar que España sigue siendo especial, en lo que se refiere a designar esta ventaja legislativa al monarca saliente. Mientras que el Gobierno va a otorgar un fuero especial único para el rey Juan Carlos y su esposa, la reina doña Sofia, para todo tipo de causas civiles y penales que sólo podrán instruirse en el Tribunal Supremo, en otros países el monarca que abdica pierde cualquier tipo de protección judicial.
La Finalidad del aforamiento, en la teoría, no es otra que la de evitar por un lado que la labor de los altos cargos no sea lastrada por maniobras fraudulentas, y por otro, que los tribunales ordinarios no sufran presiones al juzgar a poderosos. Pero la cruda realidad es que, aunque en caso de ser inocentes tengan más posibilidades de ser absueltos con este juicio «objetivo», también las tendrían igualmente en caso de ser culpables, ya que, tal y como denuncia Andrés Herzog, Responsable de Regeneración Democrática de UPyD, «el aforamiento es un incentivo a la corrupción, porque facilita la impunidad de los políticos que delinquen».
Pero el aforamiento no sólo protege a los corruptos. Al popular Nacho Uriarte el Supremo le juzgó por conducir borracho. En vez de un juicio rápido, su caso se enfangó durante dos años. «Pedí que me juzgaran como una persona normal, pero me dijeron que era un derecho irrenunciable y que la alternativa era dejar el escaño», dice. «A mí el aforamiento me supuso más problemas que ventajas, puesto que no se dejó de hablar de mí en más de dos años».Por tanto al ser juzgados directamente por un tribunal superior, pierden el derecho que tienen todos los ciudadanos a recurrir ante un tribunal superior en caso de que el veredicto del juzgado de primera instancia le haya sido desfavorable.
También se hace necesario matizar un concepto que suele ser confundido. Aforamiento e inmunidad no son lo mismo. La inmunidad parlamentaria es una figura relativamente universal. La figura se inspira en la Revolución Francesa y ha calado en la Europa continental con diferentes formulaciones. Es por ello que en algunos de los países en los que no existe aforamiento sí se produce una inmunidad para los miembros del Gobierno central, como es el caso de Alemania, donde el canciller y los miembros del Parlamento son inmunes ante la ley, aunque no inviolables, por lo que su privilegio puede serle retirado inmediatamente en caso de fallar a sus funciones. Para un político alemán recibir una petición de retirada de inmunidad es un deshonor.
Mientras el aforamiento es algo completamente en declive en la evolución de las democracias modernas, aquí la dirección es la contraria. Y con agravantes: las CCAA han incorporado el aforamiento a sus leyes, lo que ha multiplicado este privilegio. «Es propio de democracias débiles e inestables, por eso no existe en países que confían en sus instituciones como Alemania o Estados Unidos», dice Gómez Colomer. Pese a los últimos intentos fracasados de grupos como UPyD de acabar con esta ley, no hay índices de que la situación vaya a cambiar, ni mucho menos, próximamente. Como dice el profesor, «yo no veré el fin de este privilegio, porque quienes tienen que cambiar la ley, los diputados, son los máximos beneficiados por ella».