La Generalitat considera que la educación bilingüe decidida por las familias de los centros es «inaplicable» según el modelo de inmersión lingüística
30 abr 2014 . Actualizado a las 22:29 h.La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha anunciado este miércoles que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que rechazan los recursos de la Generalitat, los centros afectados y las Ampas, y que ratifican la obligatoriedad de impartir el 25% de la enseñanza en castellano en cinco centros con niños de familias que han pedido educación bilingüe.
En rueda de prensa, la consejera ha explicado que tienen 10 días para presentar este recurso, en el que defenderán el modelo de inmersión lingüística, argumentarán que este porcentaje es «inaplicable», y pedirán suspender la ejecución del TSJC, que vuelve a dar un mes a los centros afectados -cuatro concertados y uno público- para cumplir el mandato judicial.
«Agotaremos todas la posibilidades», ha expresado Rigau, y ha dicho que la defensa del modelo educativo en catalán requiere persistencia, constancia y serenidad, además de anunciar que se reunirá este miércoles con las familias de los centros afectados para abordar el recurso.
Preguntada sobre si tomará alguna medida para cumplir los autos del TSJC mientras no haya respuesta del Supremo antes del 2 de junio, ha sostenido que la posición del Gobierno catalán es ir «fase a fase» y ha añadido que no avanzará ninguna respuesta, después de la trayectoria de tres años de conflictos judiciales para garantizar la inmersión.
Ha reiterado que el modelo de escuela catalana no excluye el castellano y garantiza su presencia, pero «no de forma homogénea ni lineal con un porcentaje determinado», como el fijado por primera vez por el TSJC, que justifica su posición a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y el TS, que establecen que el castellano sea vehicular en un porcentaje mínimo suficiente.
También ha asegurado que el Gobierno de Cataluña procurará, como ha hecho hasta ahora, que «no se tenga que actuar judicialmente contra los directores», puesto que las resoluciones del tribunal catalán se dirigen a ellos como responsables del centro y no a las titularidades de las escuelas concertadas ni a la Generalitat.
De cara al curso que viene, la consejera ha apuntado que su departamento está trabajando para el «tratamiento integral de las lenguas, pero no en porcentajes», ha insistido, y ha abogado por no fragmentar los tiempos escolares, sino trabajar en metodologías que permitan un abordaje integral.
«Línea abierta» a Estrasburgo
Ha admitido que hay una «línea abierta» para elevar estos casos al Tribunal de Estrasburgo si el TS y el TC fallan en el mismo sentido, al argumentar que el Estado debe cumplir con la protección de las lenguas y determinadas medidas pueden alterar un modelo educativo que garantiza la transmisión del catalán.
Sobre la imposibilidad de aplicar el recurso, Rigau ha afirmado que no se puede cambiar de escuela castellana a catalana a medio curso, puesto que el hecho educativo tiene unas particularidades que se basa en la programación y en la preparación de materiales: «No es lo mismo poner un examen que identifica la tija o que identifica el tallo», ha ejemplificado.