El juez se niega a archivar las causas del Sáhara y de las torturas en Guantánamo

M. S. P. Madrid / Colpisa

ESPAÑA

Ruiz-Gallardón, promotor de la ley que recorta la justicia universal, y el juez Ruz el pasado día 7.
Ruiz-Gallardón, promotor de la ley que recorta la justicia universal, y el juez Ruz el pasado día 7. S. Barrenechea< / span>

Argumenta que en un caso la colonia era territorio español y en el otro se ve obligado por tratados internacionales

16 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Pablo Ruz se rebela. El juez de la Audiencia Nacional se niega, por el momento, a dar carpetazo a sus investigaciones sobre las presuntas torturas a cuatro presos de Guantánamo y por el genocidio en el Sáhara, a pesar de la entrada en vigor de la reforma de la justicia universal que limita la competencia de los tribunales españoles en los delitos cometidos en el extranjero.

En el caso de Guantánamo, que investiga los malos tratos a cuatro presos, entre ellos al ciudadano español Hamed Abderrahmán Ahmed, el juez Ruz acuerda incoar sumario por delitos de torturas y contra la integridad moral, en concurso con uno o varios delitos de crímenes de guerra. En su auto, el instructor analiza la situación creada con la nueva ley del poder judicial, en lo que afecta al principio de jurisdicción universal, para concluir que de acuerdo a la nueva norma el delito de torturas y el de crímenes de guerra no se podrían perseguir, a pesar de que una de las víctimas de la querella inicial tiene nacionalidad española, porque no se cumple el requisito de que el procedimiento vaya dirigido contra un español o extranjero residente en España.

Ahora bien, el juez de la Audiencia Nacional explica que, a la luz de los tratados internacionales suscritos por España, «nos encontraríamos ante una evidente colisión entre la regulación según derecho interno de la norma habilitadora de la extensión de la jurisdicción penal y las obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales previamente ratificados y que integran nuestro ordenamiento jurídico».

En el caso de la excolonia española, Pablo Ruz rechaza archivar la investigación abierta a raíz de una querella presentada por genocidio y otros delitos contra varios militares marroquíes. En un auto, el juez de la Audiencia Nacional acuerda continuar con el procedimiento puesto que los hechos se cometieron «en territorio que a todos los efectos debe tener la consideración de español en el momento de comisión», entre noviembre de 1975 y el 28 de febrero de 1976.