El referéndum sería consultivo, no de autodeterminación, y el Ejecutivo catalán admite que el resultado abriría una negociación con el Estado
01 abr 2014 . Actualizado a las 23:46 h.La posición del Gobierno catalán en relación a la convocatoria de una consulta sobre el futuro de Cataluña siempre ha sido que se trata de un escollo político y no jurídico. A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración de soberanía del Parlamento catalán, el Ejecutivo autonómico cree que ahora más que nunca es un problema exclusivamente de voluntad política por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
La Generalitat presentó este martes un informe que analiza el fallo y que concluye que el alto tribunal «avala» constitucionalmente todas las actividades de preparación y defensa del derecho a decidir, incluida la convocatoria y celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña. «Es una novedad, por primera vez tenemos que el Constitucional afirma que el derecho a decidir cabe en la Constitución, lo que refuerza nuestra posición a favor de la consulta», afirmó Francesc Homs, portavoz de la Generalitat. La interpretación que los servicios jurídicos de la Generalitat hacen de la sentencia es la siguiente. Una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España, como afirma el tribunal de forma literal. En cambio, a juicio de los asesores del Gobierno catalán, Artur Mas puede convocar un referéndum o consulta dirigida a conocer la voluntad de los ciudadanos que tenga carácter consultivo y que acepte, de manera tácita o explícita, que la materialización de los resultados requerirá una negociación con el Estado y una reforma de la Constitución votada por todos los españoles. La Generalitat considera, por tanto, que el Constitucional permite una consulta no vinculante, mientras que rechaza un referéndum de autodeterminación que proclamaría la independencia de manera automática, en tanto que la soberanía corresponde al pueblo español y no al catalán. Según el informe jurídico de la Generalitat, que ha contado con la participación del exvicepresidente de ese tribunal Carles Viver Pi-Sunyer, actual responsable del consejo asesor para la transición nacional de Mas, la corte ha utilizado los mismos argumentos que el Tribunal Supremo del Canadá en 1998, cuando rechazó la adecuación de un proyecto unilateral de secesión por parte de una provincia tanto a su Constitución como a los postulados del derecho internacional. El Gobierno catalán recuerda que Quebec ha convocado dos veces un referéndum sobre su futuro político -rechazando en ambas ocasiones la independencia- y el Tribunal Supremo nunca se ha opuesto a esta convocatoria. Lo que niegan el Supremo canadiense y el Constitucional español, según destaca la Generalitat, es que los resultados de la consulta se impongan a los poderes públicos del respectivo Estado.
Balón de oxígeno
Después de unos meses en los que la Generalitat y los dirigentes de CiU no podían disimular su inquietud y sus dudas sobre si finalmente habrá consulta el 9 de noviembre, a lo que se ha comprometido el presidente Artur Mas con sus electores y con el resto de formaciones soberanistas, la sentencia ha supuesto un pequeño respiro para la moral nacionalista, que piensa utilizar el fallo como base argumental de sus reivindicaciones.
«Pase lo que pase» el 8 de abril, el día del debate sobre el referéndum en el Congreso de los Diputados, Cataluña celebrará la consulta el 9 de noviembre, según Homs, que este martes coincidió con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en un acto en Barcelona. El Ejecutivo catalán da por descontado el no de PP y PSOE a la delegación a la Generalitat de la competencia de convocar un referéndum, pero, al calor del fallo del Constitucional, desde el Gobierno catalán afirman que el Ejecutivo central «no tiene la última palabra». La administración catalana considera que puede convocar ya una consulta, de acuerdo a una ley del Estatut que no fue tumbada por el Constitucional, y no descarta que el Constitucional pudiera avalar la ley de consultas que ultima el Parlamento catalán. En resumen, que el Gobierno de Mas considera que la línea argumental del Ejecutivo central en relación a la consulta, que se basa en afirmar que es ilegal y por tanto no puede autorizarla, se ha «diluido como un azucarillo» a partir de la sentencia.