España vendió a Venezuela el material con el que el Gobierno disuelve a los opositores
ESPAÑA
Una imagen dio la vuelta en las redes sociales el 4 de marzo: un manifestante portaba una granada «aturdidora» de la empresa Calvin Falken
25 mar 2014 . Actualizado a las 10:15 h.La plaza de Altamira en Chacao, en Caracas, es el epicentro de las protestas en Venezuela, donde se registran manifestaciones diarias contra el Gobierno de Nicolás Maduro desde el 12 de febrero. El balance, hasta la fecha, es de 29 muertos y cientos de heridos en los disturbios.
En esta espiral de terror, una imagen dio la vuelta en las redes sociales el 4 de marzo: un manifestante portaba una granada «aturdidora» de la empresa Calvin Falken, firma española que lleva varios años haciendo negocio al otro lado del Atlántico.
En las carcasas de los proyectiles que se veían por la plaza de Altamira de Chacao aparece una fecha de fabricación: 2012. Ese año, España exportó a Venezuela material antidisturbios por más de 450.000 euros.
Son licencias de empresas nacionales para distribuir a la policía venezolana gases para fabricar artificios pirotécnicos no letales, aerosoles de defensa, según datos de Economía.
Pero si el volumen de negocio ya era elevado comparado con otros países, en el primer semestre del 2013 las cifras crecieron de forma exponencial. Así, de enero a junio, el organismo de Defensa encargado de supervisar este mercado aprobó 6 licencias de equipamientos antidisturbios para Venezuela. Este material está valorado en 2,68 millones, más de la mitad de los 5,1 millones que España autorizó en ese período.
Gases lacrimógenos
Los otros países importadores, por orden de negocio, fueron Túnez (2,01 millones), Nicaragua (429.381 euros) y Argelia y Egipto, con una licencia, respectivamente, pero sin contraprestación económica.
En el 2011, el Gobierno de Zapatero realizó ventas de este equipamiento a Venezuela por 145.823 euros, destinado a gases lacrimógenos. Pero fue en el 2010 cuando se produjo el gran negocio, ya que las exportaciones a Caracas fueron de 1,62 millones para artificios y piezas de vehículos policiales, mientras que las ventas autorizadas para 11 licencias sumaron 5,1 millones.