El Parlamento catalán quiere recusar a la tercera parte del Constitucional por antinacionalista

El Parlamento catalán quiere recusar a cuatro magistrados del Constitucional, la tercera parte del tribunal, por sus posicionamientos públicos y sus afinidades ideológicas en contra del derecho a decidir y su animadversión hacia los nacionalismos periféricos, según aseguró su presidenta, Nuria de Gispert. Su intención es, en el plazo máximo de quince días, tratar de dejar en fuera de juego a cuatro magistrados -solo han trascendido dos nombres: Pedro González-Trevijano y Enrique López- antes de que el Constitucional dicte sentencia sobre la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña que aprobó hace catorce meses la cámara autonómica y que luego impugnó el Gobierno central. Si la recusación es rechazada, como es probable y ya ocurrió antes del verano con el presidente de la corte, Francisco Pérez de los Cobos, a raíz de su declarada militancia en el PP, el Parlamento catalán al menos conseguirá que el fallo del Constitucional se retrase y no vea la luz antes de la Semana Santa.

Ahora el tribunal está dividido, pero con mayoría proclive a anular la declaración. Los considerados jueces progresistas defienden una sentencia salomónica que proclame la inconstitucionalidad de la declaración aunque sin anularla, frente a la mayoría conservadora, que aboga por la suspensión total. Una recusación por tanto de hasta cuatro magistrados, sobre todo de González-Trevijano y López, a quienes la cámara catalana sitúa en la órbita de FAES, podría desequilibrar la balanza del lado progresista. El escenario se asemeja, en parte, al que se vivió durante la larga espera de cuatro años de la sentencia del Estatut, en el que el magistrado Pablo Pérez Tremps fue recusado antes del fallo por haber participado en un estudio sobre la constitucionalidad del texto catalán.

Comparecencia

Mientras, el presidente del Gobierno volvió ayer a defender en su comparecencia en el Senado el principio de soberanía nacional y advirtió a Mas que no permitirá ninguna imposición «por encima de la ley».

El jefe del Ejecutivo se mostró dispuesto al diálogo, pero con matices. Reiteró que desde la presidencia de la Generalitat solo se han planteado imposiciones como la del pacto fiscal o un referendo que volvió a calificar de «ilegal», y del que dijo enterarse por la prensa. «Decidió - en referencia a Artur Mas- ponerle fecha y, no contento con eso, fijó también las preguntas. Póngase usted en mi lugar -dijo dirigiéndose al portavoz de CiU en el Senado, Josep Lluis Cleríe- y deje aparte las ilegalidades, que son todas en esta materia. ¿Qué habría hecho usted? ¿Decir dónde tengo que firmar? Eso no es dialogar; eso es tratar de imponer».

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