La Fiscalía investiga si la difusión anticipada de la redada constituye delito
10 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Tres meses de vigilancias e investigaciones echados por tierra en minutos. El enfado en los servicios de Información de la Guardia Civil es enorme con el Ministerio del Interior. Constataron que seis de los ochos detenidos en la operación contra el frente de makos de ETA se emplearon a fondo en destruir documentos después de que una indiscreción del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz les alertara de que iban a ser detenidos. Y, lo que es más grave, supieron que la Guardia Civil iba a irrumpir en el bufete de Arantza Zulueta.
Según fuentes de la lucha antiterrorista, tras el desliz de Interior, las pesquisas de la Guardia Civil sobre KT (Koordinadora Taldea), el supuesto colectivo de ETA para controlar a sus presos, se van a retrotraer en la práctica a septiembre del 2013. Porque parte de los ordenadores encontrados ayer en Bilbao, en la operación Xake del miércoles, fueron manipulados antes de la llegada de los agentes. Aun así, estos se llevaron media docena, entre ellos los de Zulueta y otro de los detenidos, el también abogado Jon Enparantza.
El juez Eloy Velasco autorizó ayer el registro del despacho del senador de EH Bildu Iñaki Goioaga, que comparte local con Zulueta, pero como no pudo ser localizado y es aforado no se realizó. En presencia de Zulueta (la única de los ocho detenidos que no fue trasladada a Madrid de inmediato), ayer sí se inspeccionaron otros despachos.
Cargo a disposición
La filtración de Interior, entre tanto, llevó al director de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales de Interior, Alberto Gimeno, a poner su cargo a disposición de Jorge Fernández. En Moncloa no se vería mal su salida, pues se considera un «grave error» la filtración.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, abrió una investigación -«diligencias informativas» para averiguar por qué Interior informó de la redada antes de que comenzara. Quiere saber si la filtración tiene relevancia penal y si podría haber un delito de revelación de secretos oficiales o, incluso, de colaboración con banda armada. No obstante, ya anticiparon que «es muy probable» que la investigación termine archivándose. Interior ya justificó que la filtración se debió solo a un «error humano».
Su versión, no obstante, tiene lagunas para los mandos de la Guardia Civil. La nota distribuida precipitadamente no informaba en pasado de la operación, sino que se refería a un operativo en marcha. «Agentes de la Guardia Civil están desarrollando esta tarde una operación antiterrorista en el País Vasco y Navarra», decía textualmente.
Detenciones frustradas
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito, cree que el error de Interior es «de cárcel» y ha asegurado que el operativo estaba previsto para unas 20 detenciones, y la mitad de ellas se frustraron.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido que «de forma urgente el ministro salga, dé la cara y explique qué ha pasado».
Dimisión del ministro
El presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), José Antonio Calleja, acusó a Interior de falta de responsabilidad y profesionalidad. Le recuerda que el éxito de una operación «no se puede medir por la inmediatez en la difusión de su resultados sino por la detención de los implicados y la obtención de todas las pruebas». Calleja reprocha que mientras a las fuerzas de seguridad se les exige absoluta profesionalidad, el ministro no tiene el mismo nivel de exigencia ni para él ni para algunos de sus colaboradores, lo que debería llevarle a pensar en su dimisión.