El juez Pedraz se queja al Gobierno de la falta de colaboración de Estados Unidos para esclarecer la muerte de José Couso

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha enviado un escrito a la Subdirección General de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Justicia, en la que se queja de la falta de colaboración de Estados Unidos en la investigación para esclarecer la muerte en Irak del cámara de televisión, José Couso. El periodista gallego falleció en abril de 2003 a consecuencia del disparo de un tanque estadounidense contra el hotel Palestina, en el que se alojaba la mayor parte de la prensa internacional, durante la toma de Bagdad por las tropas norteamericanas.

Pedraz, que se apoya en un escrito anterior de la Fiscalía, censura que las autoridades estadounidenses incumplen los acuerdos bilaterales sobre colaboración en el ámbito de Justicia al no facilitar la toma de declaraciones de los soldados que guiaban el tanque y de una sargento que supuestamente espió a los periodistas extranjeros y que declaró en un canal de televisión que el hotel Palestina era un objetivo potencial para las tropas norteamericanas. «Según se ha constatado, las autoridades de Estados Unidos no han dado cumplimiento a la asistencia judicial requerida en varias ocasiones, ni aún siquiera a notificar a los procesados el auto de procesamiento», lamenta el magistrado en el escrito al Gobierno.

En cualquier caso, y en un auto paralelo, el juez instructor reconoce que la actitud de Washington no es constitutiva de delito y descarta, por tanto, la petición de la acusación particular que representa a la familia del fallecido de encausar al Gobierno norteamericano por encubrimiento. Por ello, y ante la imposibilidad de actuar legalmente, dirige su queja al Ministerio de Justicia, encargado de gestionar aspectos como la toma de declaración de testigos e imputados en el exterior o las peticiones de extradición.

En busca y captura

En 2010, el juez dictó una orden de busca y captura contra los soldados estadounidenses Philip de Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson, sin que esta haya tenido el más mínimo efecto. A los tres les imputa un delito contra la comunidad internacional en concurso con uno de homicidio.

Pedraz considera que existen «motivos bastantes para considerarlos culpables del ataque a la población civil» y el «acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o a los periodistas». El juez incluso viajó a la capital iraquí en 2011 junto a varios testigos para inspeccionar la zona donde perdió la vida el periodista español.

Sin embargo, toda la labor realizada hasta ahora ha chocado contra un muro. El Pentágono siempre se ha negado a colaborar en lo más mínimo en la investigación sobre la muerte del cámara. Su actitud quedó retratada por la respuesta de un alto funcionario del Pentágono cuando fue cuestionado acerca de la posibilidad de que la Justicia española pudiera tomar declaración a los militares imputados. «¡Antes se helará el infierno!», zanjó

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