Los constitucionalistas destacan el cierre del modelo territorial, pero también la referencia a Europa, la Corona y el poder judicial
08 dic 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Los catedráticos de Derecho Constitucional consultados por La Voz proponen una larga serie de reformas de la Constitución. «Apenas hay un capítulo que no merezca algún retoque, pero no es esa la idea que debe presidir la opción reformadora, sino la identificación de aquellos preceptos cuya permanencia en el texto actual está siendo disfuncional», señala Antonio Torres del Moral. Roberto L. Blanco Valdés considera que «muchos aspectos de la Constitución han quedado obsoletos y se podría hacer una amplísima reforma». Pero argumenta la que resulta imperiosa es la territorial, porque este es el mayor problema de España. Las demás no son ahora mismo indispensables.
Estado autonómico
Cerrar el modelo. Para Roberto L. Blanco Valdés, se debe racionalizar «lo que el Estado de tipo federal que ya existe, para generar más cohesión, colaboración y coordinación, no más descentralización». No la que propone el PSOE, que va justamente en el sentido el contrario. Torres del Moral opina que «el Estado autonómico ha tocado techo al cabo de sus primeros veinte años haciendo política y económicamente insostenible la situación actual». Xavier Arbós propone «pasar a un modelo federal que garantice la autonomía que desean los autonomistas en los territorios donde son mayoría y que no la imponga a los territorios que no la desean». Según Eduardo Vírgala, hay que cerrar un modelo que «se ha ido construyendo a partir de la práctica y la jurisprudencia del Constitucional, dando lugar a un proyecto permanentemente inacabado».
Senado
Representación territorial. Abogan porque tenga el carácter «auténticamente territorial», según lo expresa Yolanda Gómez, que le otorga el artículo 69, ante lo que Blanco Valdés se muestra escéptico. Torres del Moral admite que «de la reforma del Senado se habla desde el mismo día de promulgación de la Constitución porque salió mal de los talleres y no satisface a nadie».
Justicia
El CGPJ, el Constitucional y el fiscal del Estado, cuestionados. Arbós propone estos cambios: que la incompatibilidades de los componentes del Constitucional se equiparen a las que obligan a los jueces o tribunales ordinarios; separar el poder judicial de la política activa y que nadie que haya sido diputado debería poder ser juez ni viceversa; que el fiscal general del Estado no sea nombrado por el Gobierno sino con unas mayorías; y que el CGPJ lo formen solo jueces, magistrados, fiscales y abogados que no haya pasado por los partidos. Blanco Valdés es partidario de abolir el CGPJ porque «ha dado un rendimiento institucional nefasto», y pide una serie reflexión sobre el Constitucional, cuyo «desprestigio es galopante», de la elección de sus miembros a sus competencias.
Europa
Constancia y efectos jurídicos. Estiman que debe constar la pertenencia de España a la UE. «Habría que dar entrada a la actual situación de integración de España en la UE y definir claramente los aspectos jurídicos derivados de ella», señala Gómez. Vírgala señala que «de la transformación jurídica, política, económica que significa el proyecto europeo, verdadera mutación constitucional, nada dice nuestra Constitución y tendría que hacerlo».
Corona
Igualdad hombre-mujer. Torres señala que «desde la regulación de la sucesión hasta la de las abdicaciones y renuncias, pasando por la regencia, están pidiendo un buen repaso, cada día más urgente, si bien algunos aspectos, no todos, pueden ser regulados por ley orgánica». Blanco Valdés postula que todo el título II no tenga la superprotección del artículo 168, y que solo la tenga la forma de Estado. Hay consenso en suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión. Para Gómez, «resulta absolutamente necesaria, no veo cómo se podría afrontar una reforma sin abordar este aspecto que es claramente contrario a la igualdad de mujeres y hombres». Vírgala pide «mayor definición del papel constitucional del rey y del príncipe».