Grabar imágenes de policías mientras ejercen sus funciones pasa a ser falta leve sancionada desde cien a mil euros
27 nov 2013 . Actualizado a las 22:18 h.Una semana después de filtrar algunos de los puntos del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, el Ministerio del Interior dio un paso atrás. Las presiones ejercidas desde la Moncloa por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han llevado al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz a una suavización de los tipos delictivos y a una notable rebaja en las multas económicas que se contemplaban en el primer borrador del texto. De no producirse sorpresas de última hora el texto que se discutirá este viernes en el Consejo de Ministros contemplará sanciones muy graves castigadas con entre 30.001 y 600.000 euros para seis casos frente a la veintena que incluía la primera propuesta de Fernández Díaz y las diez que estipula la actual norma en vigor desde 1992. Entre otras, se sigue considerando como faltas muy graves la perturbación de la seguridad en actos públicos, deportivos o religiosos; las concentraciones durante la jornada de reflexión electoral; las manifestaciones ante estructuras críticas como centrales nucleares o aquellas que se celebren pese a una prohibición expresa ante posibles riesgos para la ciudadanía. Por contra, el Ministerio del Interior rebaja a faltas graves, multadas con entre 1.001 y 30.000 euros, acciones como las concentraciones frente al Parlamento, la participación en altercados públicos con el rostro cubierto y la desobediencia o la resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones
Por último, la grabación de imágenes de policías o los insultos contra estos mientras desempeñan su labor quedarán como una falta leve, que conllevará una multa de entre 100 y 1.000 euros. Todos estos casos eran considerados actos muy graves en el primer borrador. Según afirmó hoy Fernández Díaz, se trata de una reforma legislativa que será «despenalizadora, garantista y contundente en la defensa de una convivencia pacífica y democrática». «Los únicos que deben temerla son los violentos», añadió el ministro, quien además negó que su departamento haya sufrido presiones de la Moncloa para rebajar la dureza del texto
Desde el complejo presidencial, aseguró, solo se han aportado sugerencias y propuestas.
«Acallar las protestas»
Las garantías ofrecidas por el Gobierno resultan insuficientes para la oposición. El socialista Eduardo Madina mantuvo hoy en el Congreso un agrio debate con el ministro del Interior durante el que el diputado opositor acusó al Ejecutivo de haber elaborado una ley con el único objetivo de atajar las protestas contra sus políticas de recortes. Ante lo que definió como una «ley de represión ciudadana», Madina avisó de que su partido se va oponer en la calle y si es necesario acudirá al Tribunal Constitucional. «Bastará un milímetro de retroceso de los derechos constitucionales para que desencadenen la mayor ola de protestas de nuestra historia democrática», advirtió Madina en un tono casi apocalíptico
A modo de respuesta Fernández Díaz censuró que el principal partido de la oposición anuncie un recurso cuando aún no se ha hecho público el anteproyecto que aprobará el viernes el Consejo de Ministros. Más en particular acusó a Madina de «decir barbaridades y tonterías» sobre una iniciativa que desconoce
De momento, como medida de protesta preventiva ante la reforma la plataforma 25-S anunció una concentración para el viernes frente a la sede del PP en la madrileña calle Génova y otra el 14 de diciembre ante el Congreso.