Ana Mato da un contrato al exconsejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela, imputado por corrupción
ESPAÑA
Lamela, imputado por tráfico de influencias y prevaricación durante el proceso de privatización de la sanidad madrileña, recibe una «asistencia técnica» para cambiar el modelo de gestión de los hospitales de Ceuta y Melilla
25 nov 2013 . Actualizado a las 14:14 h.El ministerio de Sanidad, dirigido por Ana Mato ha adjudicado a la empresa del exconsejero de Sanidad de la comunidad de Madrid, Manuel Lamela, «la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica» en los hospitales que dependen orgánicamente del Ministerio de Sanidad, tal y como asegura la Cadena Ser.
El pliego de condiciones del contrato es implantar en los hospitales de Ceuta y Melilla, los únicos que controla el ministerio, Unidades de Gestión Clínica a través de pequeñas microempresas. Éstos podrán administrar su propio presupuesto y su personal se regirá por le régimen laboral de las empresas privadas, sometido a incentivos en función de criterios de eficiencia.
Tráfico de influencias
Manuel Lamela está imputado por tráfico de influencias y prevaricación durante el proceso de privatización de la sanidad madrileña. El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid dejó de formar parte de los Gobierno de Esperanza Aguirre en el año 2008. Perteneció al consejo de una empresa llamada Asigna Infraestructuras, que gestionaba todos los servicios privatizados del hospital de Aranjuez, centro que fue creado en la etapa en la que Lamela dirigió la sanidad madrileña. También, durante su polémico mandato se adjudicó a un consorcio liderado por la empresa Hispánica la construcción y mantenimiento también del hospital de Aranjuez, a cambio recibiría 9 millones de euros durante treinta años.
Actualmente, Manuel Lamela preside la empres a BAPPH (Business Assesstemt Plans and Projects Healthcare S.L.) y ésta será la encargada de implantar el Nuevo modelo en los hospitales de Ceuta y Melilla.
Privatización encubierta
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública afirma que el trámite que pretende llevar a cabo el ministerio es en realidad «una privatización encubierta» que pretende introducir «una empresarización de los servicios hospitalarios», y apuntan que esta medida «solo beneficiará a empresarios, laboratorios, consultoras y a personajes vinculados a la actual administración».