Los etarras tendrán que arrepentirse para cobrar ayudas públicas

Ramón Gorriarán MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El Ejecutivo estudia una reforma que pueda aplicar con carácter retroactivo

01 nov 2013 . Actualizado a las 12:54 h.

El Gobierno está resuelto a no pagar a la etarra Inés del Río los 30.000 euros que fijó el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como compensación por los cinco años de más que pasó en la cárcel ni los 1.500 de costas judiciales ni conceder ningún tipo de subvención pública. No quiere hacerlo con Del Río ni con ningún otro etarra que salga de la cárcel por el fallo de Estrasburgo que tumba la doctrina Parot. Pero sabe que es difícil porque quiere introducir dos requisitos para tener derecho a las ayudas: el arrepentimiento de los crímenes cometidos y el pago de las indemnizaciones a las víctimas, y no es posible hacerlo con efecto retroactivo.

La vicepresidenta del Gobierno ha ordenado a los ministerios de Justicia, Interior y Empleo que elaboren un proyecto de reforma legislativa en ese sentido. Soraya Sáenz de Santamaría adelantó que la modificación incluirá para los presos de ETA dos requisitos para percibir esas subvenciones: «que se hayan arrepentido de sus crímenes» y «que tengan cubiertas sus responsabilidades civiles», esto es que hayan pagado a sus víctimas las indemnizaciones fijadas por los tribunales. Se trataría, sin embargo, de dos condiciones establecidas después del cumplimiento de las condenas y, como en el caso de la doctrina Parot, serían retroactivas y por tanto de difícil encaje legal.

El grupo de trabajo interministerial, adelantó la vicepresidenta, analiza si se pueden aplicar a posteriori esos condicionantes a los presos que se beneficien de la sentencia de Estrasburgo. En el caso de Inés del Río le corresponderían, de acuerdo a la ley de Seguridad Social, 426 euros al mes durante 18 meses siempre que se inscriba como demandante de empleo y no tenga otras rentas. La vicepresidenta puso en duda que pueda percibir esas ayudas públicas porque «no son derechos adquiridos» sino que su concesión se analiza de forma individual.

Menos dudas mostró respecto a la indemnización de 30.000 euros más 1.500 de costas procesales que Estrasburgo ordenó pagar a la etarra. Sáenz de Santamaría argumentó que, de acuerdo a los cálculos de la Fiscalía, Del Río adeuda a la Administración central 253.000 euros por los pagos que hizo a las víctimas de sus atentados.