Doctrina Parot: Entre la rabia de los afectados y la razón jurídica, la batalla política

Es difícil encontrar otro tema tan sensible para la sociedad española y que genere reacciones tan viscerales como el terrorismo. El dolor es un sentimiento muy movilizador y eso es lo que da fuerza a las asociaciones de víctimas. Pero es también muy manipulable, y a ello se han dedicado los partidos. El PP se parapetó tras ellas para desgastar al Gobierno de Zapatero y ahora esa estrategia se le vuelve en contra. El tormento en el que viven las víctimas explica también la indignación con la que reciben cualquier acto que relaje el castigo de los asesinos. Incluida la decisión del Tribunal de Estrasburgo, que apela exclusivamente a la razón jurídica.

¿Por qué protestan las víctimas?

La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no les gusta, pero no es el objeto principal de su malestar. Sus quejas van dirigidas fundamentalmente al Gobierno, al que acusan de no haber hecho todo lo que podía y debía para que el contenido del fallo fuera otro. También se sienten defraudadas por la agilidad con la que la Audiencia Nacional aplicó la sentencia y ordenó la excarcelación de Inés del Río.

¿Podía haber hecho el Gobierno algo más?

Difícilmente, al menos en el sentido que pretendían las asociaciones de víctimas. Es un tribunal que atiende a razones jurídicas y especialmente garantista en términos de protección de los derechos humanos. Creer que se habría plegado a presiones políticas es cuando menos ingenuo. Lo que sí podría haber hecho el Gobierno es más pedagogía ante las asociaciones de víctimas y la sociedad en general en previsión de una sentencia cuyo sentido era más que previsible desde julio del 2012, cuando la sala pequeña del mismo tribunal ya había declarado por unanimidad de sus miembros que la doctrina Parot vulneraba dos artículos del Convenio de Derechos Humanos.

¿Pueden los tribunales inaplicar la sentencia?

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, que España suscribió el 4 de octubre de 1979, establece en su artículo 46 la obligación de los signatarios de acatar las sentencias definitivas del tribunal de Estrasburgo, como es el caso. Además, los convenios internacionales a los que se acoja España pasan a formar parte del ordenamiento jurídico interno, y en consecuencia las instituciones españolas, incluidos por supuesto los tribunales de Justicia, están obligadas a acatar y cumplir las resoluciones pertinentes.

¿Puede el Ejecutivo interferir en las excarcelaciones?

El Gobierno ha prometido a las víctimas que en ningún caso habrá excarcelaciones masivas. Pero la promesa de Rajoy no deja de ser un brindis al sol, porque la decisión sobre las puestas en libertad está exclusivamente en las manos de la Audiencia Nacional, para penados por terrorismo, y las audiencias provinciales correspondientes para los condenados por el resto de los delitos. En el caso de Inés del Río, la decisión del Tribunal de Estrasburgo era directamente ejecutiva, por lo que la Audiencia Nacional no podía hacer otra cosa ni retrasar su excarcelación. Para el resto de los penados, la sentencia habrá de ser interpretada antes de su aplicación extensiva. Para ello, está previsto que el 12 de noviembre se reúna la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para unificar criterios.

¿Tienen fundamento las críticas al Tribunal de Estrasburgo?

La verdad absoluta no existe y, por lo tanto, todo es opinable. Sin embargo, los razonamientos del tribunal son contundentes y aprobados por unanimidad. Es más, su decisión era la prevista y sus argumentos son ampliamente compartidos en la judicatura española, entre la que está muy extendida la idea de que la implantación de la doctrina Parot en el 2006 obedeció más a presiones políticas que a razones técnicas. Un reputado magistrado del Supremo la calificó de «horror jurídico» en declaraciones a La Voz. El propio Tribunal Constitucional, dividido, ya la había derogado parcialmente en una sentencia de mayo del 2012 en la que excluía de su aplicación a aquellos presos a los que la ejecutoria de la condena ya les hubiera fijado una fecha de cumplimiento de la pena y, en consecuencia, creado unas expectativas ciertas de puesta en libertad. Aunque algunos magistrados del Supremo quieren ampararse en esta interpretación para burlar la sentencia de Estrasburgo, parece muy difícil que prospere.

¿Por qué Rajoy califica el fallo de equivocado?

No hay precedentes de que un jefe de Gobierno descalifique de esta manera una sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Las razones son políticas. Inicialmente, el Ejecutivo evitó cargar contra el tribunal y Rajoy guardó silencio. Hasta que la airada reacción de las víctimas le obligó a cambiar de estrategia. En su intento de contentar a las víctimas, los populares han llegado a argumentar que no puede haber «tarifa plana» de asesinatos, sabiendo que el fallo de Estrasburgo nada tiene que ver con la cuantía de las penas, que están fijadas en el Código Penal. La mayor o menor dureza en el castigo de los delitos es decisión de las Cortes y, en consecuencia, responsabilidad de los partidos españoles, no del Tribunal de Estrasburgo, que se ha limitado a reafirmar un principio elemental, el de que no se pueden aplicar con carácter retroactivo penas ni condiciones de cumplimiento de las mismas que empeoren las previstas en el momento de la comisión del delito y del enjuiciamiento.

¿Por qué el PP se ha sumado a la manifestación?

La dirección del PP se ha visto arrastrada por la presión de las víctimas y, sobre todo, del sector conservador del partido próximo a Aznar. Los populares alentaron las movilizaciones de las víctimas y las utilizaron como instrumento de oposición a Zapatero. Eso generó unas hipotecas que Rajoy no ha dejado de pagar desde que se quedó al frente del PP. Aunque ha tratado de soltar amarras, y la prueba más evidente es el cambio en el PP vasco, la relación con las víctimas es un asunto muy sensible en el partido y que puede hacerle más daño que los recortes económicos. Además, la rápida adhesión de destacados dirigentes de Madrid, como Esperanza Aguirre, le obligó a rectificar sobre la marcha y promover la presencia oficial del PP en la manifestación.

La sentencia de Estrasburgo Los motivos de la polémica

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