Cospedal matiza que el asunto merece una reflexión pausada y Valenciano sostiene que solo podrá hacerse con consenso
23 sep 2013 . Actualizado a las 22:32 h.Ninguno de los dos parece dispuesto a hacer causa de ello, y menos en un momento tan delicado para la Monarquía, con el Rey a punto de entrar de nuevo el quirófano, y la susceptibilidad ciudadana hacia los poderes fácticos por las nubes. No creen que sea momento de remover las cosas
Y sin embargo, PP y PSOE admitieron hoy, con distinto grado de contundencia, que sería deseable que España tuviera un Estatuto de la Corona para, entre otras cosas, regular el papel del heredero y determinar claramente sus funciones.
En el caso de los socialistas, el asunto no es tan nuevo, aunque tampoco hasta este año lo habían planteado abiertamente. Lo hará de manera formal durante la Conferencia Política que celebra el segundo fin de semana de noviembre, pero la dirección federal ya lo ha puesto por escrito en la ponencia que entonces someterá a debate. Los populares, sin embargo, habían esquivado hasta ahora el asunto. El pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, llegó a despacharlo sin pestañear.
«El jefe del Estado ha sido intervenido en varias ocasiones y se han seguido cumpliendo las funciones con absoluta normalidad», dijo. Pero la secretaria general del PP no fue tan taxativa. María Dolores de Cospedal concedió al menos que el tema «merece una reflexión pausada y no al socaire de una noticia u otra». Otra cosa es que no ocultara su miedo a que cualquier movimiento encienda la mecha de debate sobre Monarquía o República sobre todo vistas las declaraciones de formaciones como Izquierda Unida e incluso, en los últimos meses, de las juventudes del PSOE. «Creo -añadió- que el Gobierno tiene la obligación de llevar con prudencia, con sensatez y con discreción todo lo que atañe a la regulación de la Corona o de su sucesor».
La número dos del PSOE, Elena Valenciano, también insistió que una cuestión así requiere «consenso» y en que en este momento «no está sobre la mesa», pero dejó claro que su formación es partidaria, no ya exclusivamente de un Estatuto para la Casa Real o del desarrollo de una ley orgánica que estipule los procedimientos a seguir en caso de abdicación o renuncia, sino de la «modernización» de la institución monárquica.
Más allá del fin de discriminación de la mujer en la sucesión al trono, los socialistas entienden por «modernización», según su vicesecretaria general, hacer la institución y su funcionamiento «más transparente, más normal y más evidente para todo el mundo», establecer el «sistema por el cual quien reina y su heredero o herederos se relacionan» e incluso «probablemente, insistir en la austeridad». «Modernizar -subrayó por si había lugar a dudas- para seguir haciéndola viable».
El debate sobre la necesidad de un estatuto jurídico del Príncipe de Asturias, cuyas funciones están definidas de forma vaga en la Carta Magna, lleva abierto en todo caso un tiempo, especialmente entre constitucionalistas. En los últimos años, a raíz de las múltiples operaciones a las que ha sido sometido el Rey -con la de mañana harán cinco en poco más de año y medio-, don Felipe ha visto multiplicadas sus labores de representación. Pero, oficialmente, eso es todo lo que puede hacer. Si un jefe del Ejecutivo faltara a una cita de jefes de Estado y de Gobierno, como la cumbre Iberoamericana que este año tendrá lugar en Panamá los días 18 y 19 de octubre, puede ser sustituido por el vicepresidente. Si don Juan Carlos se ausentara, como todo parece indicar, su silla tendrá que quedar vacía porque no hay cobertura jurídica para que su papel lo asuma el Príncipe de Asturias. Es sólo uno de los ejemplos apuntados estos días al calor de la recaída del Rey.
Nadie termina, aún así, de poner el cascabel al gato. En la Zarzuela, como suele ser habitual, se limitan a replicar que es al poder legislativo al que le compete desarrollar las normas que considere necesario, pero en los partidos, así ocurrió con lo relativo a la ley de transparencia, no se atreven a mover un dedo sin que la Casa del Rey decida que ha llegado el momento de ponerse en marcha. «Al Rey -defendió Cospedal- le deben mucho todos los españoles»