El magistrado sostiene que las reformas ya aprobadas y las que están en proyecto van a agudizar los actuales problemas de la Justicia
30 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El próximo 24 de septiembre concluye el mandato del actual Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), un mandato marcado por dos hechos insólitos: su anterior presidente -Carlos Dívar- fue elegido por los líderes de los dos partidos políticos mayoritarios, no por los vocales del Consejo, como manda la ley, y hace poco más de un año, tras saltar el escándalo de los fines de semana caribeños, se vio forzado a abandonar el cargo.
-¿Qué sabor de boca le deja el haber sido parte de un Consejo tan peculiar?
-Un sabor agridulce. Se han combinado éxitos y fracasos. Por primera vez se obvió la actuación por bloques ideológicos y se orientó la actuación hacia un ámbito más estatutario, más propio de lo que debe ser el órgano de gobierno de los jueces.
-El próximo ya se elegirá por la ley recién aprobada. ¿Servirá para acabar con alguno de los vicios que se atribuyen al actual?
-Creo que la reforma aprobada no va a solucionar ninguno de los principales problemas que padece el Consejo, y, por el contrario, los va a agudizar. Si una de las principales críticas es que en sus seis mandatos no ha sabido encontrar su espacio en el ámbito constitucional, las propuestas que se contienen en la reforma de la ley orgánica no apuntan a su clarificación, sino que van dirigidas a mermar el papel o el protagonismo que el órgano de gobierno de los jueces pudiera tener.
-¿Cuáles en concreto?
-No me refiero tanto al sistema de elección, que también, sino a lo que es el ámbito de las competencias reglamentarias y la compatibilidad. Todos sabemos por experiencia que si alguien quiere devaluar un órgano, no es necesario suprimirlo, basta con empezar a configurarlo como algo anecdótico en el que sus miembros en vez de estar a tiempo completo están a tiempo parcial, se dedican fundamentalmente a otra cosa, y a esto solo de manera esporádica, a modo de diversión, una vez al mes.
«En este Consejo por primera vez se obvió la actuación por bloques ideológicos»
-Se acaban las dedicaciones exclusivas...
-Si lo del sistema de elección es opinable, no lo es tanto que se establezca uno en el que haya solo cinco vocales a tiempo completo y los demás que compatibilicen. En la práctica, esa compatibilidad va a plantear problemas muy serios. No parece de recibo que un abogado, que puede ser vocal, esté por la mañana presente en una vista y que por la tarde tenga que decidir sobre un expediente disciplinario del juez que ha resuelto o vaya a resolver su asunto. ¿Qué va a pesar el abogado de la parte contraria que está en esa misma vista cuando el abogado vaya resolver sobre la promoción del juez que va a dictar sentencia? Esto genera una serie de sospechas sobre la legitimidad del sistema que serían perfectamente evitables.
-¿Exageran quienes dicen que el Consejo resultante de esta ley va a ser un negociado más del Ministerio de Justicia?
-Dicho así puede parecer una exageración, pero lo que sí está claro es que se va a devaluar su papel. Todos sabemos que si queremos que algo no funcione, basta con crear comisiones, equipos de trabajo, equipos de estudio, etcétera. Si los miembros no se pueden dedicar a tiempo completo, si las competencias están mermadas, si el régimen de recursos internos que se prevé priva a los miembros del pleno de la posibilidad de revisar los acuerdos de la comisión permanente, nos encontramos con que hay vocales de dos clases: de primera, que son los que están en la permanente, y los de segunda, el resto, que van allí a votar una vez al mes algo en lo que no han participado.
«Hay que buscar un modelo con proyección de futuro. Eso exige consensos»
-El artífice de todo esto es el actual ministro de Justicia. ¿Cómo valora la dinámica que ha puesto en marcha Ruiz-Gallardón desde su llegada al Gobierno?
-Es un hombre que venía avalado por una gestión y una capacidad de buscar consensos y de aportar soluciones, pero en este año y medio ha logrado concitar la unanimidad de todos los que estamos en la Administración de Justicia en contra de todos los proyectos que está poniendo sobre la mesa. No nos engañemos, los problemas fundamentales que tiene nuestra Administración de Justicia -volumen de litigiosidad, falta de jueces y las carencias de la oficina judicial- hay que abordarlos, pero hay que hacerlo con el consenso de todos. Porque al igual que ocurre con educación o sanidad, la Justicia es algo en lo que hay que orillar todo tipo de sectarismo. Hay que buscar un modelo con proyección de futuro. Eso exige consensos. Hasta ahora, las actuaciones que se han llevado a cabo no van en esa línea.
Pontevedrés de Adopción
Manuel Almenar (1963), magistrado, valenciano de nacimiento, pontevedrés de adopción, vocal delegado del CGPJ para Galicia, es uno de los miembros más activos y con más poder, según algunos, del actual órgano de gobierno de los jueces. Llegó al Consejo con el respaldo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), pero en los temas importantes se entendió bien con los representantes del otro sector. En más de una ocasión se interpretó esa relación fluida como un mero «intercambio de cromos».