La hija del rey declaró correctamente sus ingresos, de hasta 310.000 euros
24 may 2013 . Actualizado a las 05:18 h.Salvo sorpresa del última hora, la Agencia Tributaria no va a acusar a la infanta Cristina de delito fiscal, como sugirió la Audiencia Provincial de Palma. El estudio pormenorizado de las diez últimas declaraciones de la hija menor del rey no ha descubierto ni una sola irregularidad, según han revelado diversas fuentes del caso. A diferencia de su esposo, la infanta tributó todos sus ingresos, tanto los de su trabajo en la Fundación de La Caixa como el dinero que hasta el 2011 recibía de la Zarzuela como asignación por participar en actos en representación de la familia real.
La Delegación Especial de la Agencia Tributaria ultima ya el informe en el que descarta que la esposa de Iñaki Urdangarin haya cometido un delito fiscal y que espera poder entregar al Juzgado de Instrucción 3 de Palma en junio. El estudio por parte de los especialistas de una década de tributaciones de la infanta ha sido concluyente: Cristina de Borbón tributó todas sus asignaciones y lo hizo como IRPF y al tipo impositivo que le correspondía. La duquesa de Palma no incurrió en el delito en el que presuntamente incurrió su esposo, al cotizar a través de Aizoon, la empresa que compartía con la infanta, al menos 1.139.609 euros que ingresó por supuestos trabajos de asesoría a seis empresas diferentes. Con esa maniobra, el yerno del rey tributó aproximadamente al 25 % (impuestos de sociedades) en vez de sobre el 40 o 45 % que le correspondería por IRPF.
Según sus declaraciones del 2002 al 2010, la infanta pagó cada año más impuestos debido al aumento de sus ingresos. Una entrada de dinero que varió en el tiempo. En el 2002 era algo menos de 225.000, con un sueldo de La Caixa que rondaba los 150.000 euros más otros «ingresos de explotación», la mayoría procedente de la asignación real, que llegaban a 75.000. En el 2009, la suma de esos dos conceptos ya llegaba a los 310.000.
Un año antes, la duquesa de Palma pagaba impuestos por unas «retribuciones dinerarias» de la entonces caja de ahorros catalana ligeramente superior a los 160.000 euros, al que sumaba otros «rendimientos», en su mayoría de nuevo la asignación de la Zarzuela, cercanos a los 130.000 euros.
La tributación de su salario y de los otros ingresos provenientes de la Casa Real como IRPF le llevó a pagar impuestos anuales de entre casi 90.000 euros al inicio de la década hasta los casi 120.000 euros que tributó al marcharse a vivir a Washington.
A la vista de estas declaraciones, la Agencia Tributaria cree imposible imputar a Cristina de Borbón el delito fiscal a medias con su marido. Una posición que comparte la Fiscalía Anticorrupción, que nunca acusa de fraude al fisco sin denuncia previa de Hacienda. La tesis que comparten Hacienda y el ministerio público es que sí que hubo un fraude y que este se cometió a través de Aizoon en los ejercicios 2007 y 2008. Pero ese delito, el de rebajar el tipo impositivo por declarar como impuesto de sociedades y no por IRFP los trabajos de Urdangarin para Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard, Havas Sports France y Seeliger y Conde, lo cometió exclusivamente el duque.
Acusar de ese ilícito también a la infanta que declaró de forma correcta todos sus ingresos, explican fuentes de la investigación, sería una suerte de «doble incriminación» por un mismo delito. Un ilícito que quedaría resarcido imputando esas tributaciones al IRPF exclusivamente de Urdangarin. Queda por ver si los argumentos de Hacienda y Anticorrupción convencen al juez del caso, José Castro, que hasta ahora se había mostrado más receptivo a las tesis de la audiencia de Palma de que la duquesa fue consciente de que Aizoon no era otra cosa que una sociedad para defraudar.