La jueza Alaya reactiva el caso de los ERE con 20 arrestos por el pago de comisiones

Cecilia Cuerdo SEVILLA / COLPISA

ESPAÑA

Vuelve a enviar a prisión al ex director general de Trabajo, por riesgo de fuga

21 mar 2013 . Actualizado a las 17:30 h.

La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía dio ayer un nuevo impulso a la investigación con la detención de una veintena de personas y la práctica de 13 registros en varios puntos del país. Las pesquisas estarían relacionadas con el pago de comisiones a las consultoras y mediadoras que participaban en la tramitación de prejubilaciones y los despachos de abogados y empresas pantalla que ayudaban a blanquear ese dinero. Apenas dos semanas después de que Mercedes Alaya se reincorporase a su puesto tras una baja por enfermedad, cumplió a rajatabla la petición del Tribunal Superior de acelerar la instrucción.

A primera hora de la mañana, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil empezaban la redada con detenciones y registros en Sevilla, Jerez, Granada, Jaén, Madrid y Barcelona. Entre los arrestados se encuentran abogados, testaferros, empresarios, directivos de las consultoras Vitalia y Uniter, e incluso el camello de Juan Francisco Trujillo, exconductor del que fue director general de Trabajo Javier Guerrero. Trujillo había confesado haber recibido ayudas a empresas que no tuvieron actividad y que gastó el dinero en fiestas y drogas.

La operación Heracles se centra en las pesquisas que los agentes habían iniciado en octubre para concretar quiénes eran los destinatarios de las comisiones que pagaba la Junta a consultoras o mediadoras en las pólizas de prejubilaciones, y cómo ese dinero se volvía a reintroducir en el circuito legal a través de empresas pantalla, fundamentalmente de mensajería. Una fórmula ideada, supuestamente, por el exsindicalista y mediador Juan Lanzas, imputado ya en la trama y que ha sido citado por la jueza mañana para esclarecer las jugosas comisiones que pudo haber cobrado.

En esas pesquisas también ocupó un papel primordial un testaferro de Lanzas y administrador de una de las empresas de mensajería que, tras ser detenido, reconoció a la jueza haber llevado sobres de dinero a las mediadoras o entre locales cercanos a dependencias de Empleo y su delegación en Sevilla. La propia Alaya se sorprendía de que la Junta pagara comisiones a las mediadoras por encima del mercado, hasta el 29%.

Esas comisiones serían conocidas por el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, que tras salir de prisión en octubre al abonar una fianza de 50.000 euros, ayer volvió a la cárcel después de declarar tres horas. Alaya atiende así la petición de Anticorrupción, que cree que hay riesgo de destrucción de pruebas y de fuga de Guerrero.