El comité de dirección del PP anunció, el pasado 25 de febrero, que el partido presentaría en una semana la demanda contra Luis Bárcenas y contra los medios de comunicación que difundieron tanto la presunta contabilidad B de los populares como los supuestos sobresueldos en metálico a altos dirigentes, entre los que se citaba a Mariano Rajoy. El plazo expiró ayer, sin que los populares hayan ejecutado dicha acción judicial contra el extesorero, que, sin embargo, ha demandado en dos ocasiones a la formación en la que militó durante 30 años. Una, por presunto despido improcedente, y otra, por la supuesta sustracción de unos ordenadores de su propiedad que tenía almacenados en una sala que le cedió temporalmente la dirección nacional del PP en la sede de la madrileña calle Génova.

Fuentes del Gobierno ya adelantaron que Mariano Rajoy no presentaría ninguna denuncia en solitario. Tampoco lo han hecho, hasta el momento, otros miembros de la actual y de anteriores cúpulas populares que, nada más publicarse los citados documentos, sí amagaron con querellas. Este incumplimiento de plazos deja, al menos de momento, a María Dolores de Cospedal como única dirigente popular que se verá las caras con Bárcenas ante un magistrado. Un juzgado de Toledo ha admitido a trámite la demanda civil que interpuso el pasado 18 de febrero contra Bárcenas y El País, con la que pretende defender su honor y despejar cualquier atisbo de duda sobre su conducta al frente del PP. El mencionado diario reprodujo un listado donde el extesorero del PP anotó un presunto pago de 7.500 euros a De Cospedal.

La número dos del PP indicó el pasado lunes que el partido estaba ultimando una «estrategia conjunta» de acciones judiciales. Las dudas aumentan ante la posibilidad, manejada por algún alto dirigente, de que finalmente no aparezca ni siquiera el nombre de Luis Bárcenas en la demanda. Si esto se produjera, el control interno de De Cospedal quedaría muy tocado.

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