El Consejo del Poder Judicial rechaza su reforma como la plantea Gallardón
ESPAÑA
Arguye que el proyecto vulnera su independencia y lo somete al Ejecutivo
07 feb 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer un informe que rechaza la reforma que impulsa el Ejecutivo sobre el órgano de gobierno de los jueces -tal y como está planteada en el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial auspiciado por Ruiz-Gallardón- al considerar que supone una «sumisión del poder judicial al poder ejecutivo y que atenta contra la independencia del poder judicial».
Así lo ha señalado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa al final de una sesión extraordinaria que comenzó a las diez de la mañana y concluyó pasadas las siete de la tarde tras un receso para la comida. La portavoz calificó el debate habido de «amplio e intenso». Fuentes oficiosas añaden los calificativos de «duro y farragoso».
Preceptivo pero no vinculante
El objeto de discusión era el informe preceptivo pero no vinculante del que fue ponente la vocal Margarita Robles y que en días pasados fue aprobado por unanimidad en la comisión de estudios, dejando para el pleno el debate de los puntos más conflictivos. Al final de la sesión plenaria el informe -que cuestiona en varios puntos clave la constitucionalidad del anteproyecto- salió adelante con 15 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Gabriela Bravo resumió el debate diciendo que el Consejo se opone a la reforma porque «reduce sus funciones y traslada parte de estas al Ministerio de Justicia».
La reunión se inició con el análisis de los textos alternativos defendidos por el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, y el vocal Antonio Dorado, que consideran que el Gobierno tiene potestad para modificar el modelo de estructura y funcionamiento del Poder Judicial sin que ello implique vulnerar la Constitución ni incida en la independencia de los jueces. Uno de los puntos de más fricción fue el que hacía referencia a que el proyecto del ministerio limita las facultades reglamentarias del Consejo, contra el que se formularon seis votos discrepantes provenientes de distintos sectores del Consejo.
También se mantuvo en el texto del informe, aunque con varios votos discrepantes, que el sistema antibloqueo que contempla el anteproyecto -se puede renovar el Consejo solo con los vocales elegidos por una de las Cámaras de las Cortes- no se ajusta a las previsiones constitucionales, al igual que la compatibilidad entre las funciones de vocal y de juez en activo sin dedicación exclusiva.
Otro de los puntos polémicos fue la propuesta de los grupos parlamentarios nacionalistas de regulación en la nueva ley de los denominados consejos autonómicos del Poder Judicial, algo que contemplan la mayoría de los Estatutos de autonomía reformados durante el mandato del Gobierno anterior. Al final salió adelante, aunque con ocho votos en contra.