La imputación de su secretario supuso la caída del último cortafuegos
03 feb 2013 . Actualizado a las 18:06 h.La imputación el pasado martes de Carlos García Revenga fue mucho más que un simple trámite procesal. Con la citación del secretario de las infantas para aclarar su papel en Nóos cayó el último cortafuegos detrás del que podía protegerse Cristina de Borbón. La hija del rey, tras la imputación de su consejero y amigo, se convierte además en la única de las cinco personas que dirigían el instituto que no fue citada a declarar ni como testigo, aunque sea para negar que supiese que la oenegé en realidad se concibió para desviar a bolsillos privados más de 15 millones de euros, 6 de ellos de dinero público.
Pero la citación de Revenga supone mucho más. Es la constatación de que el juez José Castro está dispuesto a actuar contra miembros de la familia real incluso sin el respaldo de la Fiscalía. Anticorrupción, a pesar de los comprometedores e-mails que divulgó Diego Torres y que probarían que Revenga estaba en el día a día de Nóos, no se había decidido a dar el delicado paso de pedir su imputación, cuando Castro, por su cuenta y en una maniobra inusual para un juez, decidió anticiparse al fiscal Pedro Horrach y a la propia acusación de Manos Limpias e imputar formalmente a quien fue tesorero del instituto.
Y aún supone más. Es, según todas las fuentes consultadas, la confirmación de la suerte final de la hija del rey en este proceso en realidad no está en manos del juez o de las acusaciones. Ni siquiera de las investigaciones de la Policía Judicial, de las revelaciones de las comisiones rogatorias aun por llegar o de la confesión de Iñaki Urdangarin. Será Torres, el otrora mejor amigo y confidente de Urdangarin y ya convertido en su más enconado enemigo, el que decida el futuro de la duquesa de Palma. Torres y su letrado, Manuel González Peeters, ya han demostrado que sus famosos e-mails son capaces de modificar la opinión del mismísimo instructor, quien en marzo había rechazado tajante citar a Revenga, como solicitaba Manos Limpias. Y si esto era revisable, también lo es la decisión, igualmente de marzo, de no citar a Cristina de Borbón o al asesor del rey José Manuel Romero Moreno. De hecho, Castro sopesa ya citar al conde de Fontao.
Torres, según su entorno más cercano, lo que peor digiere del proceso es la imputación de Ana María Tejeiro, y vive como una afrenta que su esposa esté acusada mientras que la de su socio no. Peeters ya denunció esa «discriminación» ante el juzgado sin lograr la desimputación. La negativa fue el pistoletazo de salida de los famosos e-mails.
Hasta ahora, solo uno de esos correos es un ataque directo a la infanta. Fue el que daba cuenta de la intermediación de Cristina y del propio jefe del Estado para que FDCIS (la fundación para niños discapacitados que se usó para sacar dinero a paraísos fiscales) tuviese un segundo representante español en la Copa América de vela.
Sin embargo, nadie duda en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma que entre los más de cien correos que Peeters dice tener en su poder habrá más referencias, y menos delicadas, para la Casa Real y, sobre todo, para la infanta. Y que esos e-mails serán administrados con cuentagotas, como pequeñas «bombas atómicas», como gusta definirlos al letrado de Torres. Y cada nueva hornada tendrá mayor carga de profundidad.
Tanto instructor como Anticorrupción saben que sería muy difícil justificar jurídicamente, no ya ante la opinión pública, la no imputación de la infanta si los correos aportan pruebas de que ella conocía lo que se cocía en Nóos, FDCIS o el desvío de fondo a Aizoon, la empresa inmobiliaria de la que es copropietaria junto al duque.