El juez fija una fianza de 8,1 millones para Urdangarin y su socio Diego Torres

El marido de la infanta Cristina y su socio deberán abonar la cantidad en un plazo de cinco días. Según el juez, Torres y Urdangarin acordaron «rentabilizar el parentesco del segundo con la familia real»

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El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha fijado una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8,1 millones para Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, por las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en su contra en este caso que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.

En un auto de más de 500 páginas, el magistrado les da un plazo de cinco días para el pago, desde el siguiente a la notificación, según han confirmad fuentes jurídicas. El magistrado ha acordado fijar dicha fianza para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra en esta pieza separada del caso Palma Arena.

La cifra se ajusta a los 8.189.448 euros que habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias. Por su parte, la abogacía de la comunidad autónoma de Baleares había solicitado que se fijara una caución de 3.498.014,81 euros. En el mismo auto, el juez solicita que Urdangarin y Torres indiquen si tienen antecedentes penales y, además, indica a la Comunidad valenciana la posibilidad de adherirse a la reclamación de fianza. El juez acuerda el embargo de los bienes de ambos hasta alcanzar dicha cantidad.

Urdangarin siguió al frente de Nóos después del 2006

El auto asegura que Iñaki Urdangarin siguió siendo presidente «de hecho» del Instituto Nóos después de marzo de 2006, según avalan «innumerables» datos objetivos que figuran en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos a dicha entidad.

Castro considera que los datos que avalan que Urdangarin siguió siendo presidente de hecho de Nóos «se avienen mal» con la aparente desvinculación del duque de Palma de la entidad

«Rentabilizar el parentesco con la familia real»

Según el auto dictado por el juez Castro, Torres y Urdangarin acordaron «rentabilizar el parentesco del segundo con la familia real». Castro considera que hay «más que suficientes indicios de criminalidad» y de la comisión de cinco delitos por parte de ambos socios. Y que Nóos distaba mucho de ser una entidad sin ánimo de lucro.

En concreto aprecia «indicios racionales» de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias de los que «podrían reputarse como autores» Urdangarin y Torres.El juez señala que ahora no es el momento procesal para determinar las distintas modalidades de participación de las demás personas investigadas en esta causa.

En el auto Castro valida la acusación de la Fiscalía de que el duque de Palma y su exsocio crearon la entidad porque, si se presentaban mediante una compañía mercantil privada, les estarían vedadas las opciones de acceder a financiación pública.

Según el fiscal, al aparentar que no perseguían fines lucrativos, el instituto permitía además al duque de Palma y a su exsocio «rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas», y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos públicos.

«Actividad delictiva premeditada»

En el escrito en el que solicitó la fianza, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuyó al duque de Palma y a su exsocio «una actividad delictiva premeditada» dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y el 2007.

Horrach sostiene que Urdangarin y Torres deben resarcir a las arcas públicas por «la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos», más un tercio de esa cantidad, como es habitual en el cálculo de las responsabilidades civiles por posibles intereses y costas del proceso, hasta alcanzar los 8.189.448 euros.

La cuantía corresponde a las cantidades íntegras de fondos públicos percibidas por el Instituto Nóos en base a los convenios de colaboración que firmó con las administraciones de las comunidades balear y valenciana para la celebración de los Illes Balears Forum y Valencia Summit y promocionar el equipo ciclista Illes-Balears Banesto.

La defensa negaba la comisión de ningún delito

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, alegó en contra de las peticiones de fianza y negó que en la instrucción se hayan detectado indicios de que su defendido haya cometido ningún delito ni de que se haya lucrado o causado «daño patrimonial de ninguna clase». Pascual Vives entregó además al juez un informe pericial elaborado por un abogado del Estado que indica que los convenios firmados por el Instituto Nóos con las administraciones públicas se regían por el derecho privado y no requerían concurso público, de manera que cuestiona los posibles delitos de prevaricación y malversación.

Por su parte, la defensa de Torres calificó de «desatinada» la petición de fianza de las acusaciones y negó en sus alegaciones que el Instituto Nóos o sus responsables hayan cometido «acto ilícito de suerte alguna».

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