La Fiscalía estudia si es delito que diputados con casa en Madrid cobren por alojamiento

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

30 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ya analiza la querella presentada por un grupo del movimiento del 15M contra el presidente del Gobierno, cuatro ministros y 58 diputados nacionales, la mayoría del PP y PSOE, a los que acusa de malversación y apropiación indebida por cobrar la dieta de alojamiento y manutención pese a tener una o varias casas en Madrid. La sala de lo Penal ha dado traslado de la querella a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia del alto tribunal y la admisión a trámite, según confirmaron fuentes jurídicas. El ministerio público deberá decidir si ve indicios delito en los hechos denunciados y por lo tanto es partidario de que un juez del Supremo abra una investigación, o de lo contrario que no se admita porque no hay indicios de delito.

La querella presentada por la asociación Democracia Real Ya asegura que los denunciados reciben 1.823,26 euros mensuales para sus gastos por ser diputados de circunscripciones distintas a Madrid. Se trata de una cantidad dedicada a cubrir gastos y por ello exenta de tributación, según un acuerdo de la Mesa del Congreso del 2006. Este sobresueldo es independiente de la retribución mensual de los parlamentarios, 2.813,87 euros, y casi el doble de los 870 euros extra que reciben los diputados por Madrid para sufragar los gastos que origine su actividad. Así las cosas, observan una «actuación ilícita» de los acusados por cobrar la retribución pese a tener viviendas declaradas en el registro de la propiedad de Madrid. En concreto, cada parlamentario habría retenido de forma irregular en su patrimonio 952,8 euros mensuales pese a tener la obligación de devolverlos.

Rajoy, entre los querellados

Entre los querellados están 41 diputados del PP, entre ellos el presidente Mariano Rajoy y cuatro ministros, 20 del PSOE, entre otros los exministros José Blanco, Ramón Jáuregui y Antonio Camacho, una de CiU y otra de Coalición Canaria.