La familia de la víctima del conductor kamikaze recurre el indulto

Sáenz de Santamaría destacó ayer que el Consejo de Ministros se mostrará «mucho más riguroso si cabe» en el futuro a la hora de aprobar este tipo de medidas de gracia

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La familia de José Alfredo Dolz, fallecido en el 2003 tras colisionar su vehículo contra el de un conductor kamikaze, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno de indultar al conductor suicida, quien gracias a esta medida de gracia quedó en libertad después de cumplir apenas diez meses de los trece años que se le impusieron como pena. Sin embargo el margen de maniobra del Supremo ante este recurso es escaso. Tal y como establece la propia doctrina del tribunal, este solo puede decidir sobre si el Gobierno ha incurrido en defectos de forma durante la tramitación legal del proceso, ya que en ningún caso tiene potestad para revocar el indulto solo por considerarse contrario al mismo en términos morales y legales.

La intención de los familiares de la víctima, explicó ayer su letrado, es la de agotar todas las vías posibles para que el kamikaze cumpla su condena. Un objetivo que choca con la realidad de que en España nunca se haya rectificado un indulto. Aun así, el abogado apuntó que, con este recurso, «se abre una puerta» para que el Gobierno reconsidere su decisión, máxime cuando miembros del Ejecutivo como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han expresado públicamente su disconformidad con la concesión del mismo.

Rigor y equidad

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría destacó ayer que el Consejo de Ministros se mostrará «mucho más riguroso si cabe» en el futuro a la hora de aprobar este tipo de medidas de gracia. Y a modo de disculpa recordó a continuación que todos los gobiernos democráticos han concedido indultos, entre los cuales ha habido casos «más o menos polémicos». Una semana atrás, cuando se le preguntó por este asunto, Sáenz de Santamaría ya reconoció que «no siempre se acierta». En todo caso, la portavoz del Ejecutivo aseguró que la intención de todos los ministros es siempre la de «aplicar la ley de la mejor manera posible», buscando «la equidad» y «el rigor» en sus decisiones.

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