El Gobierno encarga un informe sobre las consecuencias de no llevar al TC el texto catalán

La Abogacía del Estado decidirá si hay que recurrir o no la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña

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El Gobierno aprovechará el menor resquicio legal para impugnar ante el Constitucional la declaración de soberanía de Cataluña. Ha encargado un informe a la Abogacía del Estado para que determine si los términos de la proclama se ajustan a la Carta Magna, en concreto al artículo segundo, el que alude a «la indisoluble unidad de la nación española». El Ejecutivo no quiere dar la sensación de que permanece de brazos cruzados ante el reto soberanista de la Generalitat de Cataluña, y aunque no entraba en sus planes iniciales tomar medidas contra lo que no es más que una declaración de intenciones sin efectos prácticos, cambió de idea. Quiere que los servicios jurídicos de la Administración resuelvan si el texto aprobado por el Parlamento catalán con el voto de 85 diputados se ajusta a la Constitución, y de no ser así será recurrido para lograr su anulación.

Una experiencia anterior y similar con el plan Ibarretxe supuso todo un revés para José María Aznar porque el Constitucional resolvió que el mero enunciado de unas intenciones no era materia jurídica suficiente para ser impugnada. Con este precedente, Mariano Rajoy no quería pasar por el mismo trance, pero las presiones internas y externas para impedir que se cumpla la hoja de ruta soberanista pactada por CiU y Esquerra han dado su fruto.

Apoyo de Rubalcaba

El Gobierno también pretende que los letrados del Estado detallen además las consecuencias que tendría no recurrir la declaración del Parlamento de Cataluña. La Moncloa quiere descartar por completo que si este contencioso continúa y acaba en una larga batalla judicial, el no recurrir ahora, desde el inicio del proceso, deje abierta algún resquicio legal que permitiera que se llevara a cabo el referendo de autodeterminación.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se permitió además dudar del apoyo obtenido por la declaración, 85 de 135 diputados la secundaron, 41 votaron en contra y nueve no votaron o se abstuvieron. Un respaldo del 62 % de la cámara autonómica, cuando una simple reforma estatutaria requiere el voto favorable de dos tercios de los parlamentarios.

Para Rajoy, la declaración de soberanía «no sirve para nada». Así valoró Mariano Rajoy desde Santiago de Chile la iniciativa del Parlamento catalán. El presidente del Gobierno aseguró en una charla informal con periodistas que está «muy tranquilo» porque sabe perfectamente lo que tiene que hacer con el reto soberanista, cumplir y hacer cumplir la ley. De hecho, el jefe del Ejecutivo no dudaría en ningún momento en llevar ante los tribunales a Artur Mas si pone en peligro la unidad de España. Antes de llegar a ese extremo quiere agotar la vía política. Lo hará, pese a ciertas críticas por su tibieza a la hora de enfrentarse a Mas, a su estilo, sin estridencias. «A mí nadie me va a escuchar dar gritos», zanjó.

Rajoy rebeló asimismo que en este asunto va de la mano con el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, con el que ha intercambiado impresiones sobre la forma de responder a los planteamientos soberanistas de Artur Mas.

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