El duque ofrece «pagar eventuales cantidades adicionales» por las deudas con Hacienda de la inmobiliaria cuya propiedad comparte con la infanta Cristina
17 ene 2013 . Actualizado a las 14:30 h.¿Un nuevo intento de pacto encubierto? En la Fiscalía Anticorrupción creen que más que una oferta de acuerdo es un pequeño cambio de rumbo ante el fracaso reiterado de la estrategia de negarlo todo y de culpar a Diego Torres de todas las irregularidades. Lo cierto es que, por primera vez desde que hace casi un año empezara la instrucción del caso Nóos, Iñaki Urdangarinadmite algo de culpa, poco, pero algo. Entre los documentos enviados por el abogado para alegar contra la fianza civil de casi 8,2 millones, hay un apartado, muy pequeño, dedicado a entonar una suerte de mea culpa en lo que se refiere a Aizoon, la inmobiliaria fantasma de la que son copropietarios al 50 % Urdangarin y la infanta Cristina. En esa documentación, el letrado Mario Pascual Vives se declara dispuesto a aceptar una multa por las supuestas irregularidades fiscales cometidas por la inmobiliaria en los ejercicios 2004 y 2005. «Si las liquidaciones de dichos impuestos, IVA, sociedades, no fueron correctos o no se ajustaron a la legalidad vigente en aquel momento -admite-, mi mandante, como no podría ser de otra manera, contribuirá al pago de las eventuales cantidades adicionales que en vía administrativa resulten». La oferta de pagar lo que Urdangarin ocultó al fisco tiene, no obstante, trampa, según advierten los expertos de Anticorrupción. Las irregularidades por las que se ofrecería a pagar el yerno del rey en realidad están prescritas, por lo que, aunque quisiera, no podría abonar multa alguna.
No obstante, el mea culpa no es completo ni mucho menos. En la documentación hecha llegar al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma se insiste en que si hubo irregularidades fue por la familia Torres. Más exactamente de los tres cuñados de su exsocio. «En los referidos ejercicios económicos la sociedad Aizoon SL pagó aquellos impuestos que le indicaron sus asesores legales, contables y fiscales, que en aquel tiempo eran Marco, Miguel y Luis Tejeiro», señala el letrado. En todo caso, Urdangarin asegura que «siempre» tuvo el «convencimiento personal de haber actuado dentro de la legalidad y honorabilidad que le ha sido exigida». Y su abogado recuerda que colabora con la «exhaustiva inspección tributaria» que Hacienda abrió a Aizoon y a él mismo en noviembre del 2011.
En ese documento, el duque admite, también por primera vez, que buena parte del dinero público que entró al entramado Nóos por los convenios por seis millones firmados con Valencia y Baleares terminaron en Aizoon, a pesar de que esta firma es una inmobiliaria sin personal y sin actividad conocida. «La sociedad Aizoon solo cobró por la intervención en los dos congresos de Valencia del 2004 y el 2005 y por el de Palma del 2005, la cantidad de 706.932 euros», reconoce su defensa. Urdangarin admite que en el 2004 fueron 316.137 euros y en el 2005, 390.795, que fueron facturados por la inmobiliaria a Instituto Nóos de Investigación Aplicada y Nóos Consultoría Estratégica.
Lo que no precisa el escrito remitido al juez es por qué contrató Urdangarin a su propia empresa servicios para celebrar tres cumbres deportivo-empresariales, cuando Aizoon, según el registro mercantil, es una firma dedicada a la compra y venta de viviendas y terrenos. Anticorrupción, tras repasar los argumentos del duque, asegura estar «más convencida que nunca» de que la compañía de la infanta y su marido fue usada «sin tapujos» para «desviar dinero público a bolsillos privados».